El juez Peinado admite una querella de la constructora Urbas por presunta estafa procesal contra un fondo

Las actuaciones judiciales recientes han involucrado a figuras clave del sector de la financiación internacional y la construcción, después de que la constructora Urbas presentara una denuncia contra RS Lender IV, filial del fondo de inversión Roundshield Partners, en relación con la valoración de activos inmobiliarios. De acuerdo con Europa Press, el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41, ha tomado nuevas medidas en el procedimiento y ha citado para declarar como investigados a Alessandro Maiocchi y también al representante procesal de RS Lender IV, mientras que varios socios de Roundshield Partners deberán comparecer como testigos.

Según la documentación judicial referida por Europa Press, Urbas acusa a la filial RS Lender IV de haber participado en un presunto delito de estafa procesal, especialmente tras el vencimiento de un contrato de financiación. El juez ha detallado que RS Lender IV otorgó financiación a una filial de Urbas y, una vez que el plazo contractual concluyó, procedió a ejecutar la prenda que se había establecido como garantía. Los bienes inmobiliarios utilizados como respaldo para esta garantía, relata el auto, fueron posteriormente tasados en cero euros, lo que permitió que la entidad financiera se quedara con la titularidad de los activos mediante la propiedad de las sociedades titulares.

La constructora sostiene, según recogió Europa Press, que RS Lender IV adquirió, por medio de la ejecución de la prenda, todos aquellos inmuebles que tenían garantía hipotecaria y cuyo valor hipotecario ascendía a 181,5 millones de euros, además de otros activos no hipotecados que pertenecían al mismo grupo de sociedades. Según argumenta Urbas, la valoración en cero euros de estos activos no se corresponde con su valor real, ya que afirma: "Obviamente, los activos no podían ser valorados a 0 euros".

El juez Peinado ha destacado, conforme a lo reportado por Europa Press, que de la querella presentada se desprende, en una fase preliminar, que tanto Alessandro Maiocchi como la propia entidad RS Lender IV tuvo un papel relevante y decisivo en la adjudicación de dicho valor nulo a los activos en cuestión. Dentro del auto admitido a trámite, se cita también que el informe negativo sobre la valoración de los activos fue elaborado por un experto cuya designación respondió a una petición de RS Lender IV.

La demanda interpuesta por Urbas, según comentó Europa Press, acusa a la filial de Roundshield Partners de haber provocado un daño patrimonial al anteponer intereses particulares a la correcta reestructuración societaria; la constructora vincula este perjuicio a una “preconcebida obstrucción del proceso de reestructuración, anteponiendo su interés particular en apropiarse de los activos de Urbas, de modo fraudulento”.

El conflicto jurídico ha llevado a que Urbas, cotizada en bolsa, haya tenido que iniciar un proceso de concurso voluntario de acreedores, tal como indicó Europa Press, decisión que se tomó por acuerdo del Consejo de Administración después de que expiraran los plazos legales fijados para abrir negociaciones con los acreedores. Esta situación ocasionó un impacto económico que, según la constructora, ha afectado directamente a "miles de accionistas minoritarios".

Europa Press señaló que, a raíz de estos acontecimientos, el juez ha decidido abrir nuevas diligencias para profundizar en los hechos y determinar la responsabilidad penal de los investigados. El caso supone un nuevo escenario en el marco de los desacuerdos entre empresas de construcción y entidades financieras extranjeras que operan en el mercado español, poniendo de manifiesto la tensión existente en los procesos de reestructuración de deuda y la valoración de activos.

Las próximas declaraciones de los imputados y testigos, recogidas en el auto al que tuvo acceso Europa Press, se consideran pasos centrales en la instrucción del caso. El juzgado pretende con estas diligencias esclarecer cómo se produjo la valoración de los activos y la implicación de las partes en las decisiones adoptadas en torno al expediente de financiación y posterior ejecución de garantías.

Al definir los siguientes pasos en el proceso, el juez Peinado busca reunir todos los elementos que permitan esclarecer si efectivamente existió un perjuicio económico grave para Urbas y sus accionistas, motivado por una acción concertada que habría favorecido a RS Lender IV en detrimento de la constructora y sus socios. El avance de la instrucción judicial permitirá establecer la validez de las acusaciones y determinar las eventuales responsabilidades derivadas del procedimiento, según difundió Europa Press.