El juez Peinado admite una querella de la constructora Urbas por presunta estafa procesal contra un fondo

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El juez Juan Carlos Peinado ha admitido una querella de la constructora Urbas contra RS Lender IV, filial del fondo de financiación Roundshield Partners, por el presunto delito de estafa procesal.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 cita para este miércoles a declarar como investigados a Alessandro Maiocchi y al representante procesal de RS Lender IV, así como en calidad de testigos a varios socios de Roundshield Partners.

Peinado apunta al "presunto incumplimiento del contrato de financiación" que RS Lender IV otorgó a una filial de Urbas y que, tras el vencimiento, "se ejecutó la prenda otorgada como garantía, destinándose al pago de la deuda".

"Posteriormente, los activos que constituían la garantía sobre las que se constituyó la prenda, fueron valorados en la cantidad de 0 euros", explica.

El juez señala que de la querella se desprende, "en principio", que Maiocchi y la entidad "han tenido una participación decisiva en la atribución de 0 euros al valor de los activos".

Según la querella de Urbas, la ejecución de la prenda permitió a RS Lender IV "hacerse con la titularidad, a través de la propiedad de las sociedades titulares, de todos los inmuebles de los que tenía garantía hipotecaria con un valor hipotecario de 181,5 millones de euros, así como de otros activos del perímetro que no habían sido hipotecados". "Obviamente, los activos no podían ser valorados a 0 euros", recalca.

La constructora denuncia un "perjuicio patrimonial consumado" por un informe negativo del experto designado a instancia de RS Lender IV y la "preconcebida obstrucción del proceso de reestructuración, anteponiendo su interés particular en apropiarse de los activos de Urbas, de modo fraudulento".

Urbas sostiene que ante el transcurso de los plazos legales previstos para el procedimiento de apertura de negociaciones con los acreedores, su Consejo de Administración se vio obligado a acordar la solicitud de la declaración de concurso voluntario de acreedores, lo que ha provocado un "perjuicio" a "miles de accionistas minoritarios, al tratarse de una sociedad cotizada".