“Tras la pandemia hubo consenso en que el modelo de residencias públicas de Madrid no funcionaba. Excepto para Ayuso, que entendió que funcionaba perfectamente para seguir llenando los bolsillos de sus amigos a costa del bienestar de la gente”, señaló Mónica García a través de sus redes sociales, citada por Europa Press. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid formuló estas declaraciones dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apoyándose en datos reflejados en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2024, elaborado por la Cámara de Cuentas y adelantado por la Cadena SER.
Según informó Europa Press, García criticó que los fondos públicos asignados a la salud en la región priorizan intereses privados, después de conocerse una transferencia de 61,5 millones de euros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) al Servicio Madrileño de Salud. Esta transferencia, según detalló el informe de la Cámara de Cuentas y el reporte de Cadena SER, se aprobó durante la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid celebrada el 5 de junio de 2024. Los recursos tuvieron como destino el gasto ocasionado por la libre elección sanitaria en 2021, específicamente en la Fundación Jiménez Díaz, gestionada por el Grupo Quirón.
El medio Europa Press consignó que García insistió en que el modelo actual de gestión de residencias en Madrid favorece a intereses privados. A través de su perfil en redes sociales, la ministra sostuvo que el Ejecutivo regional persiste en un sistema que, a su juicio, solo resulta beneficioso para “seguir llenando los bolsillos de sus amigos”. Este comentario alude directamente a la presidenta Díaz Ayuso, a quien responsabiliza de mantener fórmulas de gestión que, tras la crisis sanitaria, generaron debate público acerca de su eficacia y repercusiones sociales.
La Cámara de Cuentas, según publicó la Cadena SER, argumentó en su informe que la transferencia millonaria respondió al coste generado por la política de libre elección sanitaria. La Fundación Jiménez Díaz, mencionada por las fuentes, es uno de los principales hospitales concesionados operados por el Grupo Quirón en la capital. Estos centros privados disponen de acuerdos con el Servicio Madrileño de Salud que permiten a los ciudadanos solicitar atención en instalaciones gestionadas por entidades no públicas, dentro del marco de la sanidad regional.
De acuerdo con Europa Press, García, líder también de la formación Más Madrid, vinculó la gestión de residencias al manejo de recursos públicos y subrayó la relación entre el modelo actual y la trasferencia de fondos hacia instituciones privadas. La ministra señaló que el consenso general tras la pandemia era el reconocimiento de fallas en la administración de las residencias de mayores, aunque, según su punto de vista, la presidenta madrileña mantuvo posiciones distintas respecto a la priorización del bienestar social frente a la colaboración con entidades privadas.
El informe de la Cámara de Cuentas analizó los movimientos financieros de la Comunidad de Madrid durante 2024, incluida la reunión gubernamental que acordó la mencionada transferencia. Los 61,5 millones de euros procedentes de la AMAS se asignaron al Servicio Madrileño de Salud para cubrir los costes derivados del ejercicio de la libre elección sanitaria correspondiente a 2021, centrándose en la Fundación Jiménez Díaz y su operador privado, el Grupo Quirón. La publicación de estos detalles por parte de la Cadena SER y la consulta de Europa Press han intensificado el debate sobre los criterios para asignar fondos públicos en el sector sanitario madrileño.
Tal como detalló Europa Press, las manifestaciones de Mónica García han generado nueva controversia en el ámbito de la política sanitaria autonómica, ya que sus críticas apuntan tanto a la gestión de los servicios asistenciales para mayores como al modelo general de concertación público-privada en el sistema de salud de Madrid. El foco está puesto en el impacto de estas decisiones en el destino de recursos públicos y en el papel de las empresas privadas en la provisión de servicios esenciales durante y después de la pandemia.
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