Sare reclama "el fin de las medidas de excepcionalidad" para presos vascos para "poder hablar de un país en convivencia"

A quince años del anuncio del cese de la actividad armada de ETA, representantes de Sare destacaron que más de una veintena de personas permanecen en prisión tras cumplir más de 25 años de condena y alrededor de cuarenta individuos superan los 20 años privados de libertad. Bajo esta premisa, presentaron ante los medios una reclamación concreta: la supresión de las normativas de carácter excepcional que continúan aplicándose en el ámbito penitenciario para las personas condenadas en el País Vasco. Según informó la propia Sare en declaraciones recogidas por los medios durante una movilización en Bilbao, la exigencia busca no solo revisar las condiciones de los internos sino establecer garantías de equidad y respeto para quienes han sido víctimas de diferentes formas de violencia.

En la manifestación celebrada este sábado en Bilbao, que congregó a miles de personas bajo el lema “Ezin da gehiago luzatu” –traducido como “no se puede esperar más”–, los portavoces Bego Atxa y Joseba Azkarraga explicaron que la protesta representa una expresión democrática a favor de la igualdad de derechos para quienes cumplen condena en la región. De acuerdo con Sare, la persistencia de una legislación penitenciaria que consideran de excepcionalidad impide avanzar hacia una convivencia plena en Euskadi.

El medio detalló que, según cifras aportadas en la propia movilización, en la actualidad 120 personas vinculadas con el conflicto vasco se encuentran todavía en centros penitenciarios, cifra que los portavoces señalan como muestra del mantenimiento de situaciones que califican de anómalas en el contexto europeo. Sare sostiene que muchas de estas personas podrían obtener la libertad condicional o acceder a regímenes abiertos si no existieran normativas específicas que restringen la progresión de grado o la flexibilización de su situación penitenciaria.

Bego Atxa y Joseba Azkarraga solicitaron tanto a las autoridades políticas como legislativas que pongan fin a la aplicación de estas medidas de excepcionalidad. En concreto, subrayaron la urgencia de cerrar un “marco final de resolución” que implique tanto el fin de estas normativas restrictivas como el establecimiento de un trato “homogéneo y respetuoso” hacia las víctimas de todas las violencias. Según señaló Sare, esta convergencia permitiría avanzar hacia una sociedad que reconoce y atiende los derechos tanto de los internos como de las personas afectadas por la violencia en diversos contextos.

Durante sus intervenciones, los portavoces recordaron que la reiterada participación de decenas de miles de ciudadanos en este tipo de movilizaciones evidencia una percepción social extendida acerca de la vulneración de derechos en el ámbito penitenciario vasco. Según consignó Sare a través de sus responsables, el tratamiento legal diferenciado que aún se observa se traduce en estancias prolongadas en prisión y obstáculos para la reintegración de presos cuyos delitos se enmarcan en la actividad política o violenta de las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI.

En su intervención ante los medios, Sare reiteró que solamente desde el doble respeto a las víctimas de todo tipo de violencia y la resolución de las situaciones penitenciarias aún pendientes sería posible iniciar una etapa de convivencia consolidada en Euskadi. Los portavoces defendieron que el reconocimiento de estos derechos no solo constituye una demanda de los afectados directos, sino que representa una aspiración democrática que, a su juicio, debe ser atendida tanto por los responsables institucionales como por la sociedad en su conjunto.

La organización insistió en que la persistencia en la aplicación de excepciones legales en el ámbito penal y penitenciario responde a políticas específicas implementadas en el contexto del conflicto vasco, a pesar del cambio de escenario tras el fin de la violencia. Según publicaron los portavoces de Sare, el mantenimiento de esta situación representa una barrera para la superación definitiva de las secuelas derivadas de décadas de conflictividad.

Sare concluyó sus declaraciones reafirmando la necesidad de avanzar hacia una nueva etapa en la que las políticas penitenciarias no conserven distinciones de origen, permitiendo que tanto las personas privadas de libertad como quienes han resultado damnificados por la violencia puedan ser tratados bajo criterios de igualdad jurídica y social.