Koldo García pide ser absuelto por el juicio de las mascarillas y solicita la testifical de Illa, Marlaska y Armengol

En su petición dirigida al Tribunal Supremo, la defensa de Koldo García propuso que el interrogatorio al empresario Víctor de Aldama se realice antes que el de otros testigos, y cuestionó la credibilidad de las declaraciones realizadas por este durante el proceso judicial. Según informó Europa Press, García, exasesor ministerial, reclamó su absolución en el juicio que investiga presuntas irregularidades en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante la pandemia de COVID-19, procedimiento en el que también están acusados el exministro José Luis Ábalos y el propio De Aldama.

De acuerdo con Europa Press, la abogada de Koldo García presentó un escrito de defensa ante el Tribunal Supremo, en el que solicita que comparezcan como testigos en la vista oral el exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la expresidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, actualmente presidenta del Congreso de los Diputados. La inclusión de estos altos cargos en la lista de testigos responde, según la defensa, a la necesidad de esclarecer los procedimientos y decisiones relacionadas con la gestión sanitaria durante la emergencia.

El medio Europa Press detalló que, en su escrito, la representación legal de García se refirió a Víctor de Aldama como un "ornitorrinco procesal", y rechazó de manera explícita las declaraciones de este, a las que calificó de invención. De acuerdo con la defensa de García, las afirmaciones de De Aldama se basan en "una construcción meramente especulativa, una fabulación de los acontecimientos que carece del más mínimo sustento indiciario o probatorio", sosteniendo que tales acusaciones vulneran el principio de presunción de inocencia de su cliente. En su testimonio, De Aldama habría manifestado que pactó compartir con Ábalos y García aproximadamente la mitad de las comisiones que percibió por los contratos en cuestión.

Como parte del proceso penal, el Tribunal Supremo juzgará a Koldo García, a Ábalos y a De Aldama por su presunta implicación en la gestión de adquisiciones sanitarias en el contexto de la pandemia. Todos los acusados enfrentan importantes solicitudes de condena: según consigna Europa Press, la Fiscalía reclama 24 años de prisión para el exministro Ábalos, mientras que solicita 19 años y medio de prisión para García, ambos sujetos a prisión provisional desde el 27 de noviembre pasado. Para De Aldama, el Ministerio Público plantea una condena de siete años de reclusión.

El caso ha suscitado también la actuación de las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular (PP), que reclaman penas más elevadas que las planteadas por la Fiscalía. Según reportó Europa Press, el PP solicita 30 años de cárcel tanto para el exministro Ábalos como para García; con respecto a De Aldama, las acusaciones populares plantean una sanción igual a la solicitada por el Ministerio Fiscal.

La estrategia de la defensa de García busca desacreditar las acusaciones surgidas de otros implicados y reforzar la presunción de inocencia del exasesor ministerial. En este sentido, la comparecencia de altos cargos públicos como testigos se enmarca en la intención de aportar un mayor contexto a las decisiones y políticas adoptadas durante el período analizado. La defensa subrayó la falta de pruebas sustanciales que respalden las alegaciones de reparto de comisiones, apuntando directamente a la necesidad de que las declaraciones de De Aldama sean examinadas de manera exhaustiva y por separado antes de cualquier otra intervención en el plenario.

La solicitud presentada por la defensa de García es clave en el desarrollo del juicio, ya que pone sobre la mesa la relevancia de los testimonios directos de personas con responsabilidad política en ese momento, así como la rigurosidad en la valoración de pruebas y la secuencia en las comparecencias. Según remarcó Europa Press, la representación legal de García insiste en la prioridad de garantizar una audiencia equitativa y en el sometimiento de De Aldama a un riguroso régimen de contradicción, propio del estatuto de testigo, antes de proceder al resto de interrogatorios.

En paralelo, el procedimiento ha visibilizado las diferencias entre las partes sobre la valoración de los hechos y sobre las responsabilidades que se atribuyen a los distintos procesados. Europa Press informó que el escrito de la defensa se distancia de las versiones ofrecidas por otros implicados, reclamando la neutralidad jurídica y la presunción de inocencia como garantías inexcusables en el marco del proceso penal. El debate judicial gira en torno a la existencia o no de pruebas concretas respecto a la supuesta distribución de comisiones, un aspecto que determinará el rumbo del juicio y la posición final del tribunal sobre las responsabilidades individuales.