El Gobierno de Ayuso estudia todos los recursos legales contra un modelo de financiación que "perjudica" a madrileños

Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuestionó las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusándola de “difamar” y “mentir” al tildar a Madrid de realizar dumping fiscal, al mismo tiempo que criticó que la reforma del sistema de financiación autonómica obligaría a la comunidad a aportar mayores recursos que, en sus palabras, servirían para sustentar “toda esta fiesta independentista y todo este nuevo sistema que a los que más benefician fundamentalmente es a los independentistas”. Con estas afirmaciones, el ejecutivo regional dio a conocer su rechazo a la propuesta del Gobierno central para modificar el actual sistema de reparto financiero entre comunidades. Según informó el medio, el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso analiza la vía judicial para impedir la aprobación del nuevo modelo, al considerar que perjudicaría a los ciudadanos de Madrid.

De acuerdo con la información publicada, el Gobierno de Ayuso estudia diferentes mecanismos legales para intentar frenar el avance de una propuesta que juzga adversa para los intereses de la región. La consejera Rocío Albert expresó desde la sede de su departamento que el plan del Gobierno central supondría destinar más dinero proveniente de los contribuyentes de la Comunidad de Madrid a un reparto que, sostiene, estaría orientado a beneficiar principalmente a territorios con movimientos independentistas. Las manifestaciones de la responsable madrileña se produjeron tras las declaraciones de María Jesús Montero, quien afirmó que la Comunidad de Madrid recurre a ventajas fiscales desleales, una acusación que el Gobierno regional niega de manera rotunda.

El medio también detalla que, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, el nuevo modelo llevaría a que la Comunidad de Madrid aumente sus fondos en 2.555 millones de euros en el año 2027, ubicando a Madrid como la cuarta autonomía que más incrementaría su financiación gracias a la reforma, solo superada por Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Estas estimaciones, difundidas por la administración central, contrastan con la opinión del gobierno madrileño, que mantiene que el sistema planteado implicaría una pérdida relativa de recursos y una mayor carga fiscal para sus habitantes.

En este contexto, la controversia entre ambos ejecutivos se centra tanto en los criterios políticos como en los argumentos económicos sobre el reparto de fondos públicos. Mientras que la Comunidad de Madrid denuncia un trato injusto y advierte sobre un supuesto uso político de la financiación para satisfacer a gobiernos regionales independentistas, el Gobierno central insiste en que el nuevo esquema resultaría más favorable para Madrid que el actual, según consignó el citado medio. Las diferencias incluyen las acusaciones cruzadas en torno a la presión fiscal y la equidad en el reparto de recursos entre las distintas autonomías.

El Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, mantiene la postura de que combatirá el avance de la reforma por todas las vías disponibles, tal como informó el medio. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda sostiene que la reforma propuesta incrementaría significativamente la capacidad financiera de Madrid a medio plazo, subrayando el aumento previsto para el año 2027 en comparación con el modelo actual. La divergencia entre ambas partes se mantiene en todos los planos, tanto en materia legal como política y económica.