El exrector de la Carlos III, al banquillo por presuntas irregularidades en un proceso de selección

La defensa del exrector de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Romo Urroz, se sustenta en la petición de la Fiscalía de su absolución, junto a la de otros cinco altos cargos académicos, tras considerar que no existen pruebas contundentes de prevaricación administrativa. El requerimiento de exoneración se produce a pesar de que Romo enfrenta una solicitud de hasta 13 años de inhabilitación presentada por la acusación particular, integrada por uno de los candidatos no seleccionados en un proceso de contratación de profesorado. De acuerdo con los detalles publicados por Europa Press, la causa judicial examina presuntas irregularidades en el concurso de selección llevado a cabo en la universidad.

El proceso judicial, que se tramita en la Audiencia Provincial de Madrid, surge tras una querella interpuesta en 2019 por un participante en el concurso docente que no obtuvo plaza. Según la información proporcionada por Europa Press, el querellante alegó que sus méritos habían sido desestimados por motivos ajenos a criterios profesionales. La acusación particular sostiene que hubo “razones espurias”, derivadas de supuestas relaciones de colaboración previa entre los miembros de la comisión examinadora y las candidatas seleccionadas, planteando así un posible conflicto de intereses.

Según el relato consignado por el medio, la investigación se centra en la actuación de una Comisión de Selección creada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III el 13 de febrero de 2018. Este comité, integrado por los otros cinco altos cargos bajo investigación, fue habilitado para elegir mediante un concurso a profesores pertenecientes a los cuerpos docentes. La Fiscalía señaló, según consta en el escrito al que accedió Europa Press, que no existen registros de impugnaciones formales contra el procedimiento de selección de acuerdo con la normativa aplicable.

Los exámenes y evaluaciones se desarrollaron, conforme a los informes aportados, en línea con las bases establecidas en la convocatoria oficial. El proceso finalizó con la resolución de la comisión, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, seleccionando finalmente a tres candidatos para ocupar las vacantes disponibles. Europa Press destacó que, tras estos resultados, el candidato no seleccionado acudió en primer término a la vía administrativa y contencioso-administrativa para impugnar la decisión, aunque posteriormente optó también por la acción penal que ahora deriva en juicio para Romo y los otros integrantes de la comisión de selección.

La Fiscalía argumentó en su escrito que no se hallaron elementos que contravinieran la legalidad del procedimiento ni pruebas que acrediten una actuación arbitraria o fraudulenta por parte de los acusados. Añadió que el hecho de que existan o se presuman relaciones previas entre miembros del tribunal y los candidatos seleccionados no implica, por sí mismo, la existencia de prevaricación administrativa. El Ministerio Público enfatizó, según el documento citado por Europa Press, que la ausencia de irregularidades documentadas en los pasos administrativos refuerza la petición de absolución para todos los procesados.

Por su parte, la acusación particular centra sus argumentos en la presunta preferencia injustificada hacia las candidatas que resultaron elegidas, basada en conexiones personales de carácter profesional con los examinadores, lo que, a su entender, desvirtuó la igualdad de condiciones en el acceso a los puestos ofertados. Esta parte solicita la inhabilitación de hasta 13 años para Juan Romo Urroz, una pena que podría apartarlo de cualquier cargo público durante dicho periodo.

La selección de personal universitario y la transparencia en estos procesos constituyen aspectos recurrentes en el ámbito académico, sobre todo en instituciones públicas como la Universidad Carlos III de Madrid. Según lo publicado por Europa Press, la causa abierta no solo afecta la trayectoria individual de Juan Romo Urroz, sino también la confianza en los mecanismos de contratación de profesorado dentro de este tipo de entidades.

El juicio oral, fijado para el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid, analizará los testimonios de los acusados, la documentación relativa a la convocatoria y los informes municipales y académicos que obraron en el expediente. El resultado del proceso determinará si hubo responsabilidad penal en las decisiones adoptadas por Juan Romo y los miembros de la Comisión de Selección en relación con el concurso docente efectuado en 2018, y si las acusaciones sobre favoritismo encuentran verificación en las pruebas. Según Europa Press, el desarrollo del juicio y sus conclusiones serán observados por el entorno universitario y por organismos encargados de la supervisión de procedimientos administrativos en la contratación pública.

A lo largo del proceso, los seis investigados –incluido el exrector Romo– tendrán la oportunidad de exponer su versión y responder a las alegaciones de la acusación particular, que basa su querella en la percepción de trato desigual y falta de imparcialidad. Los hechos relatados por Europa Press expusieron que, pese a la ausencia de denuncias formales ante órganos administrativos o contenciosos hasta la fecha de la querella, la implicación penal ha generado especial atención sobre las garantías en la selección de personal en el entorno universitario español.