
La documentación recientemente difundida revela que tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID alteraron registros oficiales para justificar sus acciones durante esa jornada. Según los documentos desclasificados por el Ministerio de Defensa, se ordenó activar una operación interna llamada “Operación Míster” que consistió en modificar fechas y explicar los movimientos de los agentes involucrados. Estos eventos se dieron en el contexto de una reunión convocada por el comandante José Luis Cortina, quien lideraba la unidad de élite y cuyo nombre aparece en distintas partes de los archivos.
El medio Europa Press detalló que seis agentes del CESID, antecedente del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI), participaron activamente en la organización y apoyo al intento de asonada, con acciones previas, durante y posteriores al 23F. El informe precisa que estos funcionarios “o bien conocían los hechos antes del 23 de febrero” o bien “planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto”. Posteriormente “trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos” conforme se describe en los archivos oficiales.
Entre los miembros identificados están el capitán Francisco García Almenta, el capitán Vicente Gómez Iglesias, el sargento Miguel Sales, el cabo Rafael Monge Segura y el cabo José Moya Gómez. Sobre ellos, la documentación afirma que “conocían los hechos concretos antes de que ocurrieran”. El comandante José Luis Cortina, responsable de la unidad, también figura en el expediente; aunque el texto señala que “no está comprobado” que supiera sobre los preparativos del 23F, reconoce que “hay indicios de que así fuera”. No obstante, aclara que “no se conoce ninguna actividad directa del comandante Cortina en relación con los hechos”, precisa el documento del Ministerio de Defensa recogido por Europa Press.
Respecto a las operaciones del día 23, el archivo oficial describe que el capitán García Almenta fue responsable de la distribución de medios técnicos y vehículos entre el sargento Sales, el cabo Monge y el cabo Moya Gómez, quienes facilitaron apoyo logístico a la columna que avanzó hacia el Congreso de los Diputados. Paralelamente, el capitán Gómez Iglesias permaneció en contacto con García Almenta y dirigió instrucciones a Monge para coordinar la marcha hacia la Cámara Baja. Los registros agregan que tanto Sales como Moya llevaron a cabo tareas de control en los alrededores del Congreso, según publicó el medio mencionado.
Luego del 23F, la dirección del CESID ordenó la realización de un informe de carácter no judicial para dilucidar lo sucedido en la AOME durante la intentona. Las averiguaciones revelaron contradicciones entre los testimonios de García Almenta, Gómez Iglesias, Monge Segura y Sales Maroto, según consigna Europa Press. Tras este informe y las declaraciones ante el juez instructor del caso, la dirección del CESID decidió la salida de Cortina y de los mencionados agentes de la AOME.
Los archivos también recogen los efectos que la expulsión de estos agentes tuvo en la unidad. Se puntualiza que, luego de la baja de los jefes, surgieron “faltas de disciplina y lealtad” por parte de algunos miembros que expresaron solidaridad con los apartados. A pesar de la prohibición expresa, algunos se reunieron con los expulsados, situación que derivó en más expulsiones dentro de la agrupación.
Sobre el destino de los implicados tras su salida, el comandante Cortina abandonó las filas del Ejército tras su absolución en el proceso judicial del 23F y pasó a desempeñar actividades en asesoría, seguridad privada y el ámbito armamentístico. Vicente Gómez Iglesias, por su parte, fue procesado, condenado y finalmente indultado, mientras que Francisco García Almenta no fue procesado y fue destinado al Estado Mayor Conjunto de la Defensa. El cabo Monge se incorporó al Servicio de Información de la Guardia Civil, el cabo Moya fue expulsado del CESID y después apartándose de la Guardia Civil, y Sales quedó adscrito al DCI, según informó Europa Press.
Entre los documentos difundidos por el CNI figura además una nota fechada el 30 de abril de 1981 titulada “Referencias en los medios de comunicación social a personal del centro vinculadas los hechos del 23F”. Esta comunicación, escaneada de un documento dirigido supuestamente a los medios, justifica la destitución de Cortina, argumentando que fue relevo mientras el sumario permanecía abierto, ante las imputaciones de conocimiento previo como medida de precaución, dado el cargo y las responsabilidades especiales que ocupaba en el CESID.
El texto precisa que “el comandante Cortina fue citado como testigo” por el juez y negó ante la dirección del CESID haber conocido de antemano los preparativos de la asonada. La dirección del CESID consideró conveniente la baja temporal del comandante, al menos mientras se aclaraban las circunstancias y avanzaban las diligencias judiciales.
La nota agrega que “otros cambios de destino ocurridos recientemente dentro de este centro no tienen ninguna relación con los hechos citados anteriormente”, sin especificar de manera expresa si esa información abarca a algunos de los agentes cuya implicación en el golpe aparece documentada, como relata Europa Press.
De acuerdo con las referencias recopiladas, las revelaciones presentes en estos archivos arrojan nueva luz sobre la implicación de miembros de una unidad especial del CESID en las acciones del 23F, y sobre los intentos subsecuentes de modificar registros y justificar movimientos internos tras la fallida intentona golpista. Los expedientes recogen las decisiones administrativas, judiciales y disciplinarias que afectaron a los protagonistas y alinearían el relato oficial con la información que contienen estos documentos oficiales, según publicó el medio.
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