Un coronel del Gobierno Militar de Madrid, vinculado a pistoleros para salir a la calle la noche del 23F

El vínculo de Ricardo Garchitorena, entonces coronel asignado al Gobierno Militar de Madrid, con diversos grupos paramilitares civiles y con el comandante Sáenz de Inestrillas, así como sus contactos con el teniente coronel Meer de Ribera —figuras conocidas por su implicación en tácticas golpistas—, conforma un escenario en el que se percibe la posibilidad de colaboración entre varios sectores que opusieron resistencia al periodo de cambio democrático en España. Según información ahora desclasificada por el Ministerio de Defensa, estos contactos muestran una conexión operativa entre sectores militares y civiles dispuestos a ejecutar acciones violentas durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

De acuerdo con documentación facilitada por Defensa, una nota informativa con fecha del 14 de abril de 1981, recientemente desclasificada como parte de los archivos relacionados con el 23F y citada por los medios, ubica al coronel Ricardo Garchitorena en el centro de una red que incluía decenas de civiles armados. Estos civiles seguían las órdenes de José Antonio Assiego, en ese momento promotor del sindicato Acción Sindicalista Nacional del Trabajo (ASNT), quien según el documento controlaba a unas cuarenta personas conocidas como profesionales en la ruptura violenta de huelgas y que acostumbraban portar armas.

Tal como publicó el medio, el informe titulado “Relaciones entre algunos militares y paisanos armados” detalla que Garchitorena transmitía instrucciones a Assiego, preparando así la movilización de estos hombres la noche del intento de golpe. El documento indica que la noche del 23 de febrero, Assiego y sus seguidores estaban listos para salir a la calle, y la orden de actuar dependía precisamente del coronel Garchitorena.

Según informó el Ministerio de Defensa, entre las hipótesis que manejaba la nota informativa destacaba la actuación “dudosa” de Garchitorena la noche del golpe fallido, llegando a especularse sobre la posibilidad de que hubiera intentado tomar el control del propio Gobierno Militar de Madrid, apoyado por el mencionado grupo de civiles armados.

El informe señala además la presencia de Juan Montero Ramírez, entonces sargento y previamente implicado junto a Garchitorena en la organización de grupos armados en el País Vasco. Montero Ramírez se encontraba bajo procedimiento judicial por esas actividades y mantenía contacto directo tanto con Garchitorena como con Assiego, según detalló la fuente original.

El medio detalló que la nota desclasificada describe la confluencia de estos grupos como una agrupación diversa, en la que convivían facciones con distinta capacidad de organización, pero unidas por la intención de actuar fuera de la legalidad democrática. El texto resalta la preocupación ante la posibilidad de que el grupo más organizado de Sáenz de Inestrillas y el núcleo violento liderado por Garchitorena y dirigido en la práctica por Assiego llegasen a coordinarse, ampliando así su margen de acción.

Meer de Ribera, exgobernador civil de Baleares durante el final del franquismo, figura en el documento por su implicación en numerosos intentos de golpe tras la muerte de Franco. De acuerdo con la documentación de Defensa, sus conexiones con otros mandos militares y civiles creaban una red potencialmente peligrosa que, de girar hacia la coordinación con grupos violentos civiles y militares como los de Garchitorena, podría haber supuesto un desafío considerable para la estabilidad institucional del país.

El informe recoge la descripción de algunos de estos civiles armados como “verdaderos pistoleros”, vinculados de forma directa a acciones violentas y rupturas de huelgas, lo que según reportó el Ministerio de Defensa, daba un carácter especialmente peligroso al grupo. La información, difundida en el contexto de la desclasificación de archivos sobre el 23F, contribuye a la comprensión de los riesgos enfrentados durante el periodo de transición democrática en España y el alcance de la planificación y preparación de grupos dispuestos a atentar contra el orden constitucional.