La Audiencia Nacional comenzará 2026 evaluando la documentación presentada por el PSOE sobre operaciones en efectivo realizadas entre 2017 y 2024, remitida al juez del denominado caso Koldo, información que actualmente permanece bajo secreto de sumario. Este análisis, según informó el medio, se suma a otros importantes hitos judiciales previstos para el próximo año, incluidos juicios y sentencias vinculados a casos de corrupción con amplia repercusión política.
De acuerdo con la información publicada por el medio, el tribunal concentrará parte de su actividad del primer semestre en la celebración del juicio por la Operación Kitchen. Las sesiones están programadas entre abril y mayo, y entre los testigos convocados para declarar figuran el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal.
Las vistas orales comenzarán tras la festividad de Reyes, cuando tendrá lugar la reanudación del juicio contra el expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol, sus siete hijos y más de 15 supuestos colaboradores. Los acusados afrontan cargos relacionados con la presunta creación y funcionamiento de una estructura criminal que habría obtenido beneficios ilícitos a lo largo de décadas, valiéndose de la posición política de sus miembros. El medio detalló que, al día siguiente, está prevista la apertura del juicio por la pieza separada número 7 de la macrocausa Púnica, centrada en el supuesto pago de comisiones ilegales destinadas a la obtención de contratos para fiestas municipales por medio de la empresa Waiter Music.
Durante enero, en concreto el día 12, se juzgará al empresario Javier López Madrid, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo. Según consignó el medio, estas personas están acusadas de concertar el presunto encargo por parte de López Madrid al excomisario para acosar a la doctora María Elisa Pinto en el marco de un conflicto personal.
Ya en febrero, el tribunal enfocará sus esfuerzos en la vista oral contra dieciocho acusados y cuatro entidades mercantiles, destacando entre ellas a la empresa pública Mercasa. El caso se relaciona con irregularidades detectadas en los contratos suscritos durante la construcción de un mercado mayorista en Luanda, Angola, entre 2006 y 2016. Según reportó el medio, la investigación apunta al pago de sobornos a funcionarios y autoridades locales junto a la apropiación indebida de parte de los fondos destinados al proyecto.
El año judicial incluirá también la resolución de sentencias pendientes. Entre las previstas figura la del último juicio relacionado con la trama Gürtel, celebrado en octubre del año anterior, donde la mayoría de los procesados, incluido Francisco Correa, principal responsable de la red, junto a Pablo Crespo, su colaborador más cercano, admitieron los hechos. La Audiencia Nacional deberá igualmente pronunciarse sobre el procedimiento que juzga al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y al abogado Gonzalo Boye, a quienes se atribuye una operación destinada a recuperar 890.000 euros intervenidos en el aeropuerto de Barajas y relacionados con la red de Miñanco. Así lo especificó el medio consultado.
El tribunal mantendrá abiertas instrucciones sobre otros casos, entre ellos el denominado caso hidrocarburos, que involucra al empresario Víctor de Aldama, así como el propio caso Koldo, donde de Aldama figura como supuesto intermediario. En este contexto, el juez Ismael Moreno formalizó la apertura de una pieza separada bajo reserva, tras recibir por parte del PSOE un dossier completo sobre los pagos en efectivo realizados en el intervalo 2017-2024. De acuerdo a lo detallado por el medio, la investigación de esta documentación recae ahora en los agentes asignados al caso, quienes deberán estudiar la información y presentar un informe al juzgado.
La agenda judicial para 2026, según publicó el medio, incorpora no solo procesos de alto perfil en materia de corrupción, sino también la comparecencia de figuras políticas relevantes y el seguimiento continuo de causas complejas que abarcan delitos económicos, administrativos y de blanqueo de capitales. La acumulación de vistas, declaraciones y análisis documentales configura un ciclo judicial marcado por causas de gran alcance y repercusión.
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