La juez inadmite la denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid por el dispositivo de la etapa final de la Vuelta

La magistrada Luisa María Prieto recalcó en su resolución que la denuncia presentada no señala acciones dolosas ni omisiones intencionadas por parte del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en relación con la operación policial que se desplegó durante la etapa final de la Vuelta Ciclista a España. Según informó Europa Press, el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid rechazó la admisión a trámite de la denuncia promovida por el sindicato Manos Limpias. La magistrada argumentó que los hechos expuestos sobre la gestión del dispositivo policial el 14 de septiembre no encajan en la tipificación penal.

De acuerdo con el auto judicial citado por Europa Press, la juez dictaminó que "no ha lugar a admitir a trámite la presente denuncia por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal, por lo que procede decretar el archivo de lo actuado". En el escrito, la magistrada especificó que no se apreció delito alguno, ni de desórdenes públicos ni de desobediencia a la autoridad cometidos con imprudencia grave. El documento judicial subrayó que la denuncia carece de una descripción de conductas voluntarias o imprudentes que pudieran integrarse dentro de una actuación dolosa susceptible de responsabilidad penal.

Según publicó Europa Press, Manos Limpias argumentó en su denuncia que el operativo policial desplegado bajo la dirección de Francisco Martín resultó insuficiente, basándose en consideraciones expresadas por sindicatos policiales. El sindicato sostuvo que las directrices provenientes de la Delegación del Gobierno se construyeron “únicamente ceñidas a un plan de propaganda y de actuar con guante blanco para no molestar a los manifestantes”. En palabras de los denunciantes, los mandos policiales alegaron que “Interior les envió con las manos atadas”.

El escrito presentado incorporó la queja de que los agentes desplegados durante la manifestación no recibieron las órdenes adecuadas y que el diseño del dispositivo favoreció un desenlace desfavorable. Se indicó en la denuncia que “el dispositivo se diseñó para fracasar y que no recibieron ninguna orden, por lo que estaban imposibilitados para actuar”. Los representantes de Manos Limpias resaltaron en el documento que, como resultado, se registraron 25 policías heridos y únicamente dos personas detenidas. Desde el punto de vista del sindicato, este dato evidenciaba que las instrucciones impartidas por la Delegación del Gobierno favorecieron el uso de métodos suaves con quienes participaron en los hechos violentos.

La juez Prieto, según reportó Europa Press, analizó estos planteos en la resolución judicial y argumentó que el intento de atribuir una responsabilidad penal al delegado del Gobierno, por actos ejecutados por terceros y que derivaron en lesiones a agentes de la autoridad, no resultaba fundado. En palabras de la magistrada, “se está en realidad en presencia de una queja de un tercero, el denunciante [...] que tiene su cauce al margen del derecho penal”.

Manos Limpias promovió la denuncia tras la manifestación vinculada al desarrollo de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid, cuestionando la suficiencia de los medios policiales asignados. El sindicato fundamentó su presentación en la evaluación negativa manifestada por sindicatos policiales sobre la gestión del operativo, señalando que las estrategias empleadas priorizaron evitar confrontaciones con los protestantes, lo que, según su perspectiva, contribuyó al número de policías lesionados.

El auto judicial al que tuvo acceso Europa Press destaca que los hechos narrados por la parte denunciante no se corresponden con delito alguno según la legislación vigente, por lo que resolvió el archivo de la causa. La resolución recalca la inexistencia de una vinculación entre la actuación del delegado del Gobierno y los supuestos delitos alegados, reorientando el caso a la vía administrativa o disciplinaria si se identificara alguna irregularidad, pero apartándolo del ámbito penal.