El fallo de la Audiencia Nacional precisó que los mecanismos formales de cumplimiento normativo de la compañía Cofely no resultaron suficientes para frenar los delitos que, de manera continuada y estructurada, ejecutaron varios de sus altos cargos entre 2012 y 2014. Esta afirmación se desprende de la sentencia judicial que atribuye responsabilidad directa a exalcaldes, ejecutivos empresariales y otros participantes, una vez acreditada la existencia de una red criminal organizada cuya finalidad era garantizar la adjudicación de contratos públicos energéticos a cambio de sobornos en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, según consignó Europa Press.
El tribunal impuso penas que alcanzan los 8 años y 2 meses de prisión a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas procesadas por la pieza del conocido como ‘caso Púnica’ relativa a contratos de eficiencia energética, reportó Europa Press. El empresario y asesor comercial David Marjaliza recibió la condena más elevada tras comprobarse su intervención en delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, fraude a la Administración, prevaricación, cohecho y falsificación documental. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la sanción a Marjaliza se redujo de forma apreciable al habérsele aplicado las atenuantes de confesión tardía, de dilaciones indebidas –por la excesiva prolongación del trámite judicial– y de reparación del daño, ésta última referida a la entrega de pagos destinados a resarcir el perjuicio causado.
En cuanto a la responsabilidad empresarial, los condenados incluyeron a altos ejecutivos de Cofely. Didier Roger Maurice, exdirector general de la firma, recibió una pena de 6 años de cárcel. El mismo castigo fue dictado para los directores comerciales Constantino Álvarez y Pedro García, según detalló Europa Press. Los jueces concluyeron que el manual de control interno y las recomendaciones anticorrupción, aunque comunicadas e implementadas formalmente, no funcionaron de manera real ni suficiente para detectar y evitar las prácticas ilícitas que se extendieron durante tres años en la estructura de la empresa y su relación con la contratación pública.
El proceso judicial puso en evidencia la participación de distintos exalcaldes madrileños en la trama. José María Fraile, quien presidió el Ayuntamiento de Parla, fue condenado a 2 años de prisión. Gonzalo Cubas, exalcalde de Torrejón de Velasco, recibió la sanción de 3 años de inhabilitación especial, mientras que Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio, deberá cumplir 4 años y medio de cárcel, según dio cuenta Europa Press. Otros antiguos regidores municipales también resultaron afectados por las penas: Agustín Juárez, de Collado Villalba, y Daniel Ortiz, de Móstoles, obtuvieron condenas de 4 años y medio y 3 años de prisión respectivamente; a Antonio Sánchez, que fue alcalde de Serranillos del Valle, se le impuso una pena de 3 años de prisión.
No todas las personas juzgadas fueron condenadas: la sentencia absolvió a los exalcaldes de Almendralejo, José García, y de Valdemoro, José Carlos Boza, de acuerdo con la información de Europa Press.
El fallo judicial describe que los responsables de la compañía Cofely y Marjaliza operaron valiéndose de una red de sociedades instrumentales y personas interpuestas. Esta organización criminal mantuvo una operativa sistemática y planificada dedicada a obtener adjudicaciones públicas, habilitándose para intervenir en procedimientos de contratación impulsados por distintos ayuntamientos. La finalidad de tales actuaciones fue lograr la atribución de contratos energéticos a cambio de pagos ilícitos a funcionarios y cargos políticos responsables de las decisiones administrativas.
El pronunciamiento de la Audiencia Nacional recoge, según Europa Press, que al menos doce personas procesadas recibieron la atenuante de confesión tardía. Los colaboradores –entre quienes están Marjaliza y los principales directivos de Cofely condenados– aportaron detalles adicionales que facilitaron el esclarecimiento de los hechos. El tribunal valoró que sus intervenciones incluyeron no solo la admisión de los hechos, sino también la implicación de otros encausados mediante respuestas específicas a los interrogatorios.
El caso judicial relativo a esta rama del ‘caso Púnica’ se inició en junio de 2014 y, tras más de una década de tramitación, la dilación en el procedimiento motivó la reducción de penas para varios de los condenados, según recopiló Europa Press. Otro de los elementos considerados por los magistrados para modular las sanciones fue la reparación del daño, que se reconoció a quienes efectuaron pagos compensatorios en favor de las administraciones afectadas.
Europa Press reveló en su análisis que la dinámica delictiva prosperó debido a la debilidad de los controles internos, lo cual permitió que la trama se extendiera y consolidara en diversas localidades madrileñas. La mecánica utilizada por los empleados y los colaboradores externos favoreció el mantenimiento de un esquema ilícito prolongado, con efectos directos sobre las entidades públicas encargadas de la gestión de contratos de eficiencia energética. La resolución judicial hace hincapié en la existencia de una estructura criminal permanente que condicionó la legalidad y la transparencia de los procesos de adjudicación, afectando la integridad de la administración local involucrada.
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