Andalucía critica que el Gobierno no haya convocado a las CCAA para concretar el abono único de transporte

Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, advirtió que la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado ha llevado a que la financiación estatal para el sistema de dependencia en Andalucía resulte insuficiente. Según declaró la portavoz andaluza, la Junta se ve obligada a asumir el setenta por ciento del coste del sistema, mientras que el Gobierno central únicamente cubre el treinta por ciento, una situación que, según manifestó, contrasta con la financiación que recibe el País Vasco. España detalló en Canal Sur Televisión, en declaraciones recogidas por Europa Press, que, a diferencia de Andalucía, el Gobierno nacional sí financiará el cincuenta por ciento del sistema de dependencia en el País Vasco, lo que genera un escenario que calificó como de agravio.

De acuerdo con Europa Press, la portavoz del Gobierno andaluz cuestionó la falta de nuevos presupuestos como un obstáculo para el desarrollo de inversiones estatales en la región. Señaló que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, continúa haciendo referencias a la aprobación de las cuentas públicas para 2026 pese a que, durante los tres años de legislatura del Ejecutivo de Pedro Sánchez, no se han presentado nuevos presupuestos. España afirmó: “Por lo tanto, la credibilidad queda un poco mermada”, subrayando la desconexión entre los anuncios y la realidad presupuestaria.

En relación al bono de transporte anunciado por el Gobierno nacional, Carolina España expuso que el Ejecutivo central no ha convocado a las comunidades autónomas a ninguna conferencia sectorial para consensuar los detalles de dicho abono único, una medida que fue anunciada públicamente por el presidente Pedro Sánchez. Según comunicó Europa Press, la portavoz del Gobierno andaluz expresó que el anuncio del abono único “sonaba a aguinaldo electoral”, ya que tras su presentación no se ha recibido información adicional por parte del Estado.

España declaró que Andalucía vería con buenos ojos sumarse a la iniciativa del abono de transporte, pero insistió en que primero se deben conocer las condiciones jurídicas, el esquema de financiación y el coste preciso de la medida. Consideró “normal y serio” que se debería haber celebrado una conferencia sectorial donde las comunidades autónomas pudieran recibir explicaciones detalladas sobre el desarrollo de la propuesta. Agregó: “Lo que pedimos es un poquito de información y de lealtad institucional”.

Por otra parte, según publicó Europa Press, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social hizo hincapié en la diferencia de trato percibida respecto al territorio andaluz a la hora de asignar recursos estatales, citando la falta de inversiones de parte del Estado en Andalucía. Criticó públicamente que la ministra Montero participe en actos en diferentes localizaciones del país, pero que, en su opinión, no se anuncien proyectos o se inauguren obras en Andalucía, atribuyendo esta realidad a la inexistencia de unos nuevos presupuestos.

Durante su intervención, la portavoz subrayó el interés de la Junta de Andalucía en adherirse a iniciativas de alcance nacional como el abono de transporte único, siempre que exista una definición clara de los procedimientos legales, las fuentes de financiación y el coste total de la propuesta, que hasta el momento el Ejecutivo nacional no ha detallado. Expresó que la comunicación directa y la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas se configura como un paso imprescindible para alcanzar acuerdos eficaces, según lo recogido por Europa Press.

El descontento expresado por la responsable andaluza abarca tanto cuestiones de gestión presupuestaria como de diálogo institucional, situando en el centro del debate la cooperación interadministrativa y la percepción de equidad en la asignación de recursos entre comunidades autónomas. Según consignó Europa Press, la crítica de Carolina España se dirige tanto a la falta de claridad en los proyectos estatales como a la insuficiencia de fondos asignados para competencias transferidas, como la atención a la dependencia o las inversiones públicas en la región.