Las diligencias en el caso por presuntos sobornos relacionados con empresas estatales incluyeron 19 registros en domicilios y sedes empresariales, según informó Europa Press, de acuerdo a fuentes judiciales. Tres de estos registros estuvieron ligados directamente a Leire Díez, exmilitante del PSOE, quien fue detenida en la investigación dirigida por la Audiencia Nacional sobre el posible cobro de comisiones en empresas y entidades vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo los registros tras recibir la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, en una causa que permanece bajo secreto de sumario. Tal como reportó Europa Press, entre los lugares relacionados con Leire Díez se encuentran una vivienda en Cantabria, el apartamento de una amiga en el barrio de Las Tablas en Madrid y otra residencia ubicada en Leganés.
Además de la detención de Díez, la investigación incluyó la aprehensión de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y del empresario Antxon Alonso. Según detalló Europa Press, la UCO sitúa a Alonso como socio de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Los tres figuran en la causa por su posible implicación en el cobro de comisiones ilegales superiores a 700.000 euros mediante su presunta intervención en contratos y expedientes tramitados dentro de la administración pública.
La resolución del Juzgado Central de Instrucción Número 6, a la que accedió Europa Press, incorpora los resultados de las pesquisas de la UCO y apunta que los investigados forman parte de un grupo conocido como "Hirurok". Las diligencias señalan que este colectivo habría dirigido diversos trámites administrativos en beneficio propio o de terceros, aprovechando sus posiciones y su capacidad de influencia sobre funcionarios y personas relacionadas con organismos públicos.
El medio Europa Press detalló que la investigación evalúa, en particular, la operativa de comisiones ilegales que se habrían generado en relación con cinco operaciones concretas. Las autoridades intentan esclarecer si los tres arrestados utilizaron su acceso y relaciones institucionales para influir de forma irregular en los procesos de adjudicación y contratación en el ámbito de las empresas públicas dependientes de la SEPI.
La causa, que continúa bajo secreto, pone el foco en los procedimientos internos de la administración pública española y el alcance de las redes de influencia en la gestión de contratos estatales. Las acciones emprendidas por la UCO cuentan con el respaldo judicial y buscan determinar la responsabilidad penal de los implicados, así como el destino final de las sumas investigadas.
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