Asociaciones judiciales proponen al Ministerio un plan de choque ante el "deterioro estructural" de la Justicia

En el escrito remitido al Ministerio de Justicia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) señalan que el compromiso adquirido durante la huelga de mayo de 2023 para destinar cerca de 10 millones de euros a la creación de 100 nuevas plazas en la carrera judicial y fiscal no se ha materializado. Las asociaciones apuntan que la ejecución de este acuerdo no dependía de la aprobación de los presupuestos, según expuso Europa Press, y sostienen que el retraso agrava la situación de déficit en el sistema judicial español.

Según informó Europa Press, ambas organizaciones han propuesto un plan de choque dirigido al Ministerio de Justicia ante lo que describen como un “deterioro estructural” en la Administración de Justicia. Vinculan este diagnóstico tanto a la insuficiencia de personal -específicamente la falta de jueces- como a la carencia de recursos materiales, un contexto que enfrentan cuando la litigiosidad presenta un notable incremento. Datos recogidos por Europa Press resaltan que en el primer trimestre de este año las causas judiciales subieron un 15,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El escrito, dirigido al responsable de la cartera, Félix Bolaños, busca establecer un consenso diagnóstico y, sobre esa base, poner sobre la mesa medidas consideradas “indispensables” para frenar el retroceso de la justicia en España y poder atender la creciente demanda ciudadana. Entre sus propuestas, las asociaciones destacan la necesidad de reponer de manera automática todas las vacantes que surgen a raíz de jubilaciones o fallecimientos, mediante la creación anual de nuevas plazas en la Escuela Judicial. Su propuesta incluye que el número de plazas ofrecidas por esta vía iguale al de bajas producidas el año anterior, sumándose a las que ya se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.

Los representantes de AJFV y FJI subrayan, según Europa Press, que el propio Plan Estratégico para el decenio 2023-2032 elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en alrededor de 350 la cantidad de nuevos jueces que deberían incorporarse cada año para cubrir las necesidades actuales y asegurar un crecimiento mínimo de la planta. Sin embargo, las últimas convocatorias incluyeron solo 120 plazas anuales para los años 2023, 2024 y 2025. Estas cifras se consideran notoriamente insuficientes en comparación con el objetivo marcado en el plan estratégico del órgano de gobierno de los jueces.

De acuerdo con lo recogido por Europa Press, el CGPJ ha advertido la existencia de un déficit estructural que supera las 400 unidades judiciales, una carencia no compensada con la creación reciente de nuevas plazas. Esta situación contribuye al incremento de la presión de trabajo sobre los titulares actuales y retrasa la resolución de los asuntos pendientes, generando consecuencias tanto para el sistema como para quienes acuden a la Justicia.

Además, las asociaciones recuerdan el pacto al que se llegó para frenar una huelga en mayo de 2023, en el que figuraba el mencionado compromiso económico para ampliar el acceso a las carreras judicial y fiscal. Las organizaciones inciden ante Europa Press en que este acuerdo no se ha consumado hasta el momento, lo que consideran un factor que agrava el déficit ya existente.

Como alternativa ante la insuficiencia de las medidas actuales, las asociaciones reclaman, además de la reposición automática de plazas, una modificación presupuestaria extraordinaria, amparándose en los mecanismos previstos por la Ley General Presupuestaria que permitirían habilitar créditos adicionales orientados a reforzar los servicios públicos esenciales, como el caso de la Justicia. AJFV y FJI establecen que, si no se adoptan con premura estas acciones, se pondrá en riesgo la capacidad del Estado para asegurar que la Justicia funcione adecuadamente.

Entre los argumentos esgrimidos, destacan que la población tiene el derecho a un servicio judicial eficiente, acorde con los estándares ciudadanos y europeos, y advierten de que un deterioro continuado puede derivar en un colapso del sistema. El planteamiento de ambas asociaciones recibió difusión tras el envío del escrito a la cartera de Justicia, reiterando la urgencia de las medidas propuestas durante los próximos ejercicios y la necesidad de dotar al sistema de los recursos humanos y materiales suficientes para afrontar el aumento de la litigiosidad.

Finalmente, las entidades requieren del Ministerio de Justicia la apertura de un diálogo sobre los diagnósticos planteados y sobre las posibles respuestas a una crisis que, en su opinión, impacta en la prestación del servicio público y exige soluciones estructurales y sostenidas.