La Policía dice que Villarejo intentó "desactivar" a empresarios buscándoles "marrones": cuentas opacas y sobornos

Un agente de la Policía Nacional ha declarado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por el 'Proyecto Grass', que éste y su socio, Rafael Redondo, buscaron "desactivar" a los empresarios Luis Pérez Gil y Joaquín Molpeceres por medio de encontrarles "marrones", tales como cuentas bancarias en el extranjero o "posibles sobornos en el Puerto de Denia".

Así ha testificado este lunes el agente, a quien la Fiscalía ha identificado como el "investigador principal a nivel policial" del 'Proyecto Grass', por el que están siendo juzgados Villarejo, Redondo y el empresario Antonio Erico Chávarri, por un presunto espionaje empresarial.

Chávarri, cuya mercantil Acisclo Gestión de Patrimonios entró en concurso en 2012, habría contratado ese año al comisario jubilado y a su socio presuntamente por más de 400.000 euros para buscar actuaciones ilícitas llevadas a cabo por Pérez Gil, que intervenía como administrador en el procedimiento del concurso y por Molpeceres, principal acreedor.

Preguntado por la Fiscalía sobre cómo pretendían "desactivar" a los empresarios, el agente ha respondido que, en los informes de CENYT --la sociedad de Villarejo-- aparece que Pérez Gil "estaría recibiendo dinero en efectivo" de otros concursados que, posteriormente "ingresaría en cuentas opacas" de Andorra o en Liechtenstein a través de una red de fundaciones.

Además, el policía ha relatado que en esos informes también hay información sobre presuntos "pagos a jueces de lo mercantil" para obtener más concursos.

Respecto a Molpeceres, "se habla de posibles sobornos en el puerto de Denia" y "de entregas de maletines" en Madrid, ha precisado.

LAS PRUEBAS "CASABAN TOTALMENTE"

El agente ha explicado que las fuentes de prueba en las que se basó su investigación fueron tres: la documentación y los informes de CENYT; unos audios con las reuniones entre el excomisario, su socio y Echávarri y las notas manuscritas de Villarejo.

Dichas pruebas, según el agente, "casaban totalmente", en el sentido de que los informes "cuadran en sus fechas con lo que se dice en los archivos de audio y con lo que se contienen las anotaciones manuscritas".

La defensa de Echávarri, ejercida por el abogado Mauro Jordán, ha preguntado si la Policía investigó sobre los movimientos en esas cuentas, a lo que el agente ha respondido que no, pues el empresario no era "objeto de la investigación". Tras esto, Jordán ha inferido que la información sobre las cuentas en el extranjero "era algo que se inventaba Villarejo".

"Yo no sé si es cierto o no es cierto, entre otras cosas porque eso requeriría de una investigación y, seguramente, de una orden europea de diligencias en el marco de una investigación que por la Unidad de Asuntos Internos no se ha hecho", ha declarado el policía.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción pide 12 años de cárcel para Villarejo por presuntos delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

El Ministerio Público también dirige su acusación contra Redondo, para quien solicita 4 años y 6 meses de prisión por cohecho pasivo y falsedad en documento mercantil. Chávarri, por su parte, se enfrenta a 7 años de cárcel por los mismos delitos.

MÁS DE 400.000 EUROS POR LA INVESTIGACIÓN

En su escrito, la Fiscalía señala que Chávarri "abonó entre 2012 y 2014 a CENYT y a Stuart & Mckenzie, integradas ambas en Grupo CENYT, cuyo titular real era Villarejo, la cantidad total de 411.400 euros".

El agente ha desglosado esa cantidad y ha detallado que pagaron "90.000 euros de provisión de fondos que se abonan en 2012, 45 más IVA y 45 más IVA", en noviembre de ese año, y 250.000 euros condicionados "al éxito" del trabajo, percibidos entre abril de 2013 y enero de 2014 en siete pagos.

Villarejo, comisario de la Policía Nacional en el momento de asumir ese encargo, se presentó a Chávarri como "maderos del sector privado", tal y como ha declarado el uniformado que consta en uno de los audios incautados.

En concreto, según el policía, el excomisario pormenorizó la actividad de CENYT explicando que allí trabajaban "antiguos funcionarios de policía" que hacían "análisis de información".

En esta primera sesión ha declarado este agente, que ha respondido a todas las partes, y otros tres policías, que también participaron en la investigación y han ratificado sus actuaciones.

Además, las defensas de los acusados han presentado sus cuestiones previas. El abogado de Villarejo ha alegado una vulneración del derecho a la defensa por la "inadmisión completa de la prueba" por parte del tribunal.

El juicio continuará este martes a las 11 de la mañana en la Audiencia Nacional con la declaración de más testigos.

"TODO TIPO DE INFORMACIÓN PERSONAL"

Según el escrito de la Fiscalía, Villarejo actuó "ante las sospechas de Chávarri de que ambos pudieran actuar de común acuerdo para perjudicar sus intereses en dicho procedimiento".

"Asimismo, el objeto del encargo realizado por Chávarri y aceptado por Villarejo vino referido a la obtención de todo tipo de información personal, incluida la relativa a eventuales actuaciones irregulares en que ambos pudieran haber intervenido y ajenas al procedimiento concursal, sobre Molpeceres y Pérez que pudiera ser utilizada por el propio Chávarri Aricha para mejorar su posición en el procedimiento concursal que afectaba a su sociedad Acisclo Gestión de Patrimonios", relata el escrito.

En el curso de la ejecución de ese encargo, apunta Anticorrupción, Villarejo y Redondo se hicieron con los tráficos de llamadas entrantes y salientes de Pérez correspondientes a los días 15 de septiembre de 2012 a 13 de octubre de 2012. "Dichos tráficos de llamadas, a su vez, fueron facilitados por Villarejo Pérez y Redondo a Chávarri", anuda la Fiscalía.

"A cuenta de los servicios prestados por la ejecución del 'proyecto Grass', Villarejo y Redondo, por un lado, y Chávarri, por otro, manipularon los conceptos de las facturas, haciendo constar que los servicios prestados respondían a servicios de auditoría de seguridad de sistemas de información, identificación y propuesta de solución de 3 vulnerabilidades y a una colaboración profesional, ocultando, con ello, que se trataba de servicios de investigación prestados por un funcionario público en servicio activo", apostilla el escrito.