Teresa Peramato toma posesión como nueva fiscal general ante el tribunal que condenó a García Ortiz

Acompañada por figuras clave del ámbito legal, Teresa Peramato juró como máxima autoridad del Ministerio Público en una ceremonia que marcó el cierre de una etapa convulsa y el inicio de esfuerzos por restaurar la credibilidad institucional

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Teresa Peramato seleccionó como madrina y padrino, en el acto de asunción al frente de la Fiscalía General del Estado, a María Ángeles Sánchez Conde y Félix Pantoja, ambos figuras centrales en recientes procesos de alto perfil institucional. El nombramiento de Peramato ocurrió tras una ceremonia desarrollada en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, donde la atención se concentró en la transición de mando y en el contexto judicial que motivó la salida de su predecesor, según consignó El País.

La nueva fiscal general del Estado juró su cargo ante los principales representantes del poder judicial, paso que formaliza la culminación de un periodo de controversias en la cúpula del Ministerio Público. La salida de Álvaro García Ortiz, fiscal general anterior, vino precedida por una sentencia emitida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, bajo la presidencia de Isabel Perelló —quien encabeza tanto el alto tribunal como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)—, que lo condenó a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, según detalló El País.

El evento convocó a numerosos miembros destacados del mundo jurídico e institucional, entre ellos ex fiscales generales como María José Segarra, Consuelo Madrigal y Julián Sánchez Melgar, así como magistrados del Supremo, representantes del Tribunal Constitucional, vocales del CGPJ, el ministro Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Esta amplia presencia evidenció el peso institucional del relevo y los desafíos en la restitución de la confianza pública, tal como reportó El País.

Teresa Peramato cuenta con más de 35 años en la carrera fiscal, con experiencia principal en la lucha contra la violencia de género y en cargos de responsabilidad en el Tribunal Supremo. Desde 2005, cuando asumió la fiscalía delegada de violencia sobre la mujer, ha afianzado su papel dentro del Ministerio Público. Su formación se realizó en la Universidad de Salamanca y su carrera profesional incluye publicaciones en Tenerife, Valladolid, Barcelona y finalmente Madrid, donde consolidó su perfil, según publicó El País.

Durante la ceremonia, la presencia de Almudena Lastra (fiscal superior de Madrid) y Pilar Rodríguez (fiscal provincial de Madrid) remarcó el papel de los fiscales vinculados tanto con la instrucción como con el juicio que provocó la destitución de García Ortiz. El testimonio de Lastra resultó central en el juicio, ya que advirtió sobre los riesgos de filtraciones relacionadas con la investigación que afectaba a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Según recogió El País, en uno de los momentos clave, Lastra dirigió la pregunta “¿Álvaro, has filtrado tú?” a García Ortiz, que respondió: “Eso ahora no importa”. Esta declaración se interpretó como un reconocimiento implícito de responsabilidad y fue uno de los elementos que el tribunal utilizó en su valoración.

La condena impuesta a Álvaro García Ortiz por el Tribunal Supremo se fundamentó en la divulgación de información reservada en medio de una investigación judicial. Según consignó El País, el fallo indica que quien dirige la Fiscalía General no puede recurrir a la revelación de secretos para contrarrestar informaciones inexactas en la prensa. Esta sentencia precipitó un intenso debate sobre los límites que debe mantener el Ministerio Público en la gestión de información confidencial y el respeto a la legalidad durante los periodos de investigación.

El respaldo institucional al nombramiento de Peramato por parte del Consejo General del Poder Judicial fue unánime, tras confirmar que cumplía con los requisitos legales para acceder al cargo. El Gobierno realizó la propuesta oficialmente el 25 de noviembre, días después de hacerse pública la sentencia contra García Ortiz. No obstante, el contenido completo del fallo se conoció justo en la misma semana en que Peramato asumía su puesto, informó El País.

Este relevo se enmarca en una sucesión de cambios al frente de la Fiscalía en los últimos años. Con Peramato, ya son cuatro los fiscales generales en la etapa de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo: María José Segarra (2018-2020), Dolores Delgado (2020-2022), Álvaro García Ortiz (2022-2025) y ahora Teresa Peramato. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Fiscal y citado por El País, el mandato se extiende por cuatro años y solo puede interrumpirse por causas legales puntuales, incapacidad, dimisión, infracciones graves o salida del gobierno que originó el nombramiento. La reelección únicamente es posible si el primer mandato fue inferior a dos años.

La trayectoria de Peramato incluye un vínculo con la Unión Progresista de Fiscales (UPF), organización en la que también militaron Dolores Delgado y García Ortiz. Esta conexión fue objeto de críticas al considerarse que representa una continuidad en el liderazgo del llamado ‘Equipo Fortnuy’, denominación informal para referirse a un grupo influyente en la evolución de la cúpula fiscal, según agregó El País.

El contexto de la asunción de Teresa Peramato como máxima autoridad del Ministerio Público está marcado por cuestionamientos sobre la transparencia y la legitimidad en la gestión de informaciones reservadas, problema surgido tras la condena a García Ortiz. El País detalló que, en su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso, necesaria para acreditar su idoneidad, Peramato manifestó la necesidad de sanar la confianza afectada por la situación y subrayó la importancia de fortalecer el prestigio y funcionamiento de la institución.

Por otra parte, el medio informó sobre la realización de otro acto institucional en la sede de la Fiscalía General del Estado, donde se prevé que Peramato se dirija a la cúpula fiscal y exponga sus directrices ante el nuevo periodo que inicia el órgano rector del Ministerio Público. La sucesión implica no solo el cierre de un ciclo convulso expuesto a la opinión pública, sino la puesta en marcha de líneas de trabajo enfocadas en restablecer la normalidad y confianza institucional al interior del sistema judicial español, tal como refleja la información recabada por El País.

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