La Policía detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra tras registrar la sede de la aerolínea por presunto blanqueo

El registro de la sede de Plus Ultra y la detención de sus principales responsables ha vuelto a poner el foco en la aerolínea, aunque fuentes judiciales han recalcado que el operativo responde a hechos distintos de los investigados previamente durante la pandemia. Según Europa Press, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevaron a cabo este jueves la detención del presidente de la compañía, Julio Martínez, y del consejero delegado, Roberto Roselli, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales.

La operación, realizada en Madrid y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 15, incluyó el registro de las oficinas centrales de la empresa, detalló Europa Press. El procedimiento judicial permanece bajo secreto de sumario, sin que hasta el momento se haya revelado información específica sobre los hechos que motivaron la detención de los directivos ni acerca del avance de las diligencias. Europa Press consignó que las autoridades judiciales no han comunicado qué tipo de documentación o material fue incautado en la sede ni el contenido preciso de las sospechas que pesan sobre la cúpula de Plus Ultra.

La nueva investigación se suma a otros antecedentes judiciales que afectan a la aerolínea y que marcaron el debate público sobre las ayudas extraordinarias destinadas al sector aéreo durante la crisis sanitaria. Durante la pandemia, Plus Ultra recibió 53 millones de euros en concepto de ayudas públicas, decisión que generó fuertes cuestionamientos y derivó en una investigación judicial sobre la legalidad de la adjudicación de esos fondos. En enero de 2023, el mismo Juzgado de Instrucción número 15 decidió archivar aquella causa al considerar que los directivos de Plus Ultra no participaron en la decisión sobre el rescate financiero, ya que la adopción y aprobación de la subvención había correspondido en exclusiva al Consejo de Ministros.

En aquella resolución, citada por Europa Press, la magistrada Esperanza Collazos indicó: “Con los datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra”. Esta decisión fue posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, de modo que los representantes legales de la aerolínea quedaron fuera de la condición de investigados una vez agotado el periodo establecido para las pesquisas.

A pesar de los antecedentes previos, Europa Press señaló que el nuevo procedimiento judicial no guarda relación directa con aquellos hechos vinculados a las ayudas estatales, sino que obedece a la apertura de diligencias por un presunto delito de blanqueo de capitales. La UDEF ha centrado las pesquisas en la cúpula de la empresa y en el posible movimiento irregular de fondos, dentro de una investigación que, según el medio, permanece envuelta en absoluta reserva procesal.

El caso mantiene la atención sobre la gestión de fondos públicos y la supervisión judicial del sector aéreo, mientras el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid sigue al frente de la tramitación junto con la UDEF, encargada de las actuaciones policiales. Sin información adicional por parte de las autoridades, el desarrollo futuro de la causa y la situación legal de los máximos directivos de Plus Ultra dependerán de las próximas decisiones judiciales, reportó Europa Press.