
La Comisión Gestora creada para dirigir la organización provincial del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Lugo se encontraba pendiente de iniciar su funcionamiento según las próximas decisiones vinculadas a la investigación disciplinaria sobre José Tomé. Esta estructura transitoria, surgida de la coordinación entre la cúpula nacional y la gallega, tenía como finalidad preservar la regularidad operativa del partido y asegurar la objetividad en las actuaciones internas. El medio consignó que este dispositivo administrativo se diseñó para actuar mientras avanzan tanto las diligencias internas como las resoluciones relativas al expediente abierto en torno a Tomé.
Después de que se formalizaran las denuncias por presunto acoso, la Secretaría de Organización del PSOE activó el protocolo interno contemplado en la normativa de la formación, detalló el medio. En concreto, este protocolo contempló la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia para Tomé. El procedimiento tuvo su origen en la recepción de una denuncia formal acompañada por declaraciones de testigos que fueron remitidos a la Oficina contra el Acoso del partido, ubicada en Ferraz. Esta oficina, responsable de este tipo de tramitaciones, sumó los testimonios al expediente, subrayando la intervención inmediata de la dirección federal encabezada por Rebeca Torró y la Federación Gallega del PSOE.
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La dirección federal del PSOE exigió expresamente la renuncia de Tomé a todas sus responsabilidades institucionales. Esta petición incluía la dimisión de la alcaldía de Monforte de Lemos, así como la entrega del acta de diputado provincial, en cumplimiento del mandato federal, según informó el medio. Aunque otros integrantes del partido habían solicitado la suspensión cautelar de militancia, Ferraz subrayó que la medida debía extenderse a todas las funciones de representación pública, sin limitarse únicamente a los cargos internos o partidarios. La advertencia de la cúpula socialista se comunicó antes de que Tomé hiciera efectiva su renuncia como secretario provincial del PSOE en Lugo y presidente de la Diputación, dos de los puestos principales que ostentaba.
José Tomé oficializó su decisión de abandonar esos dos cargos el miércoles posterior a la recepción de las denuncias, explicó el medio. No obstante, expresó que su intención pasaba por conservar su puesto de alcalde en Monforte de Lemos, así como su acta en la corporación provincial. Ante este escenario, la dirección federal reiteró que el expediente disciplinario seguía su curso y que tanto la suspensión cautelar como la investigación disciplinaria forman parte de medidas preventivas dentro del marco estatutario socialista. La organización consideró indispensabe afirmar que ni la apertura del procedimiento ni la suspensión implican de manera inmediata el reconocimiento de responsabilidad; Tomé mantiene su derecho a la presunción de inocencia, recalcó el PSOE, según publicó el medio.
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La Secretaría de Organización provincial también solicitó agilidad en el proceso y remarcó la necesidad de respetar los procedimientos internos. Estas circunstancias motivaron desde el lunes anterior a la renuncia de Tomé la reorganización administrativa de la dirección provincial. La intervención de la gestora provincial responde, según lo expuesto por el medio, a la necesidad de mantener la normalidad y transparencia en el día a día de la organización socialista en Lugo mientras se resuelve el expediente.
Ferraz, por su parte, subrayó que no respaldará en puestos de responsabilidad a quienes estén sujetos a una investigación por presuntas conductas de acoso. Esta postura institucional incluye un rechazo claro a cualquier intento de trivializar o restar valor a los hechos que dieron motivo a la denuncia. La cúpula federal afirmó que el objetivo de la suspensión cautelar es doble: por un lado, proteger a las personas que presentaron las denuncias y, por otro, garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento institucional de la formación mientras se esclarecen los hechos.
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La Oficina contra el Acoso del partido continúa gestionando tanto la denuncia principal como el resto de los testimonios ingresados en el expediente de Tomé, y lo hace bajo la supervisión tanto de la Secretaría de Organización federal como de las estructuras gallegas del PSOE. El medio explicó que el proceso de reorganización interna será completado en función de la evolución del procedimiento disciplinario y de las resoluciones que se adopten a nivel federal y regional. La conclusión del despliegue administrativo y la normalización orgánica de la dirección local dependerán exclusivamente de esos desarrollos internos.
El seguimiento de las posibles consecuencias políticas de este caso en la provincia de Lugo ocupa la atención tanto de la estructura nacional como de la gallega del PSOE, indicó la fuente. Los órganos federal y autonómico supervisan el cumplimiento estricto del protocolo establecido para situaciones de esta naturaleza, así como la garantía de que se respeten los derechos y garantías de todas las partes comprometidas. Esta vigilancia persigue mantener tanto la cohesión interna como la estabilidad en acciones políticas y representativas dentro de la región afectada.
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Según publicó el medio, la dirección federal ratificó que la suspensión y el expediente disciplinario permanecerán abiertos por el tiempo que la cúpula juzgue necesario en función del desarrollo de las actuaciones internas y de lo estipulado en los estatutos de la organización. La permanencia del expediente y las actuaciones en curso buscan asegurar la máxima transparencia, el respeto de los derechos procesales y de las garantías fundamentales durante toda la investigación.
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