Los 'Comuns' amplían su querella por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó a García Ortiz

Entre los elementos presentados recientemente ante el Tribunal Supremo se encuentra un expediente elaborado por la Unión Progresista de Fiscales y remitido a la relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, sobre la independencia judicial. Este documento se suma a la querella de Los Comunes por revelación de secretos, en la causa contra Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que condenó a Álvaro García Ortiz, y apunta a reforzar la acusación principal: la presunta filtración premeditada de la sentencia antes de su anuncio oficial, acto que, según la denuncia, implicaría una vulneración del deber de confidencialidad judicial. RTVE informó que la ampliación de la denuncia viene acompañada de nuevas grabaciones, actas originales y testimonios recabados durante un curso organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, donde participó el magistrado Juan Ramón Berdugo.

Tal como publicó RTVE, Los Comunes solicitaron al Tribunal Supremo la obtención de los archivos audiovisuales completos de la ponencia del magistrado Berdugo en dicho curso, con el propósito de consolidar una base probatoria robusta para sus alegatos. Durante ese evento, Berdugo abordó pormenores sobre el funcionamiento interno del tribunal responsable de fallar en la causa de García Ortiz y compartió detalles con representantes de la organización, que había actuado como acusación particular en ese procedimiento. La formación catalana, integrada en Sumar y con el eurodiputado Jaume Asens como representante judicial en el proceso, considera que tanto las intervenciones como las grabaciones recabadas resultan claves para demostrar que el contenido de la sentencia se trasladó a terceros antes de la comunicación oficial, lo que a su juicio vulnera el secreto de las deliberaciones.

La estrategia judicial de Los Comunes se basa en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece el deber de confidencialidad respecto a las deliberaciones y votos de los órganos colegiados, y el artículo 417 del Código Penal, que contempla como delito la revelación de secretos en la función pública. Según reportó RTVE, el escrito remitido al Supremo detalla que estos fundamentos jurídicos sustentan la acusación, ya que un traspaso anticipado del fallo supondría una infracción de la norma.

En la recopilación probatoria figura una providencia dictada el 20 de noviembre por el tribunal que juzgó a García Ortiz. La documentación entregada sostiene que ciertos elementos claves de la resolución ya habrían sido conocidos por terceros antes de la firma oficial de la sentencia, que se produjo el 9 de diciembre. RTVE consignó que además se incorpora el testimonio del magistrado Berdugo, quien expuso durante el curso que los jueces dedicaron un fin de semana íntegro para la deliberación. Para Los Comunes, esta declaración refuerza la idea de que el resultado del fallo ya estaba decidido y fue comunicado antes del anuncio público formal.

RTVE también comunicó que la ampliación de la querella no altera la lista de responsables iniciales, manteniendo a Andrés Martínez Arrieta como principal acusado por revelación institucional del fallo. La denuncia argumenta que la evidencia aportada permite reconstruir el proceso y demostrar no solo comentarios informales, sino la existencia de información efectiva y consciente sobre la resolución, antes del cierre formal del procedimiento penal.

Dentro del conjunto de pruebas, Los Comunes solicitaron la integración al expediente judicial de la nota de prensa y la comunicación enviada por la Unión Progresista de Fiscales a la relatora de Naciones Unidas, junto a la totalidad de documentación periodística disponible sobre la causa. De acuerdo con RTVE, el grupo político enfatiza que esta documentación no persigue únicamente acreditar la posible filtración, sino también contextualizar el asunto en términos institucionales, subrayando la importancia del respeto al secreto de las deliberaciones como pilar de la independencia judicial y subrayando las repercusiones que podría tener una filtración de este tipo sobre la legitimidad del sistema.

El procedimiento ante el Tribunal Supremo, según RTVE, tiene como objetivo esclarecer si efectivamente existió una transmisión de información anticipada y consciente sobre el contenido de la sentencia. Los Comunes sostienen que este asunto impacta en aspectos estructurales del funcionamiento judicial, por lo que han reclamado una revisión exhaustiva sobre el flujo de comunicaciones y documentos relacionados. El propósito es determinar hasta qué punto el secreto deliberativo ha estado protegido, especialmente en casos de alta exposición mediática o interés público.

La documentación aportada incluye grabaciones originales de la intervención de Berdugo, así como actas y registros internos relativos a la instrucción de la causa, además de solicitudes dirigidas al medio público RTVE para que facilite todos los archivos audiovisuales vinculados al caso. RTVE subrayó que Los Comunes consideran que la disponibilidad plena de estas pruebas resulta esencial para garantizar la transparencia en la investigación, en consonancia con los postulados expuestos por la UPF ante la relatora internacional.

Según el medio público, la presentación de estos materiales no modifica la estructura o criterios originales de la querella, que identifica desde el inicio los mismos presuntos responsables. La nueva documentación busca aportar contexto e información adicional tanto para la valoración judicial como para el análisis institucional que implica la eventual vulneración del secreto deliberativo.

La evaluación y admisibilidad de las pruebas, detalló RTVE, quedarán en manos del Tribunal Supremo. El desarrollo de esta instrucción será determinante para establecer el alcance de la protección del secreto en el ámbito de las deliberaciones judiciales. Este proceso podría influir en ajustes futuros de los protocolos internos, sobre todo en procedimientos con impacto mediático y relevancia pública.

Los Comunes han fundamentado su petición en la necesidad de investigar a fondo las circunstancias y los canales mediante los cuales la información pudo haberse difundido antes de lo permitido por la normativa. Según lo recogido por RTVE, el grupo insta a que se esclarezca el flujo documental y las comunicaciones que rodearon el dictado de la sentencia, advirtiendo que el respeto a la confidencialidad de las deliberaciones constituye una garantía para la independencia y el correcto funcionamiento del sistema judicial.

El curso en el que el magistrado Berdugo intervino fue parte de una iniciativa de formación para juristas, organizada con la colaboración del Colegio de Abogados de Madrid. El acceso a los materiales generados en esa actividad, junto con el análisis de los testimonios incorporados, se considera por parte de Los Comunes una pieza central para reconstruir el itinerario de los hechos investigados.

RTVE reiteró que la causa sigue centrada en la figura de Martínez Arrieta, al que se le atribuye la transmisión anticipada de información sensible, y que toda la documentación adicional sustenta la necesidad de una investigación profunda sobre las dinámicas internas del tribunal. La fase actual del proceso apunta a la revisión y valoración de las pruebas en el contexto de la legislación vigente y los estándares internacionales para la protección de la independencia judicial.

La formación catalana busca así que la investigación no solo resuelva la cuestión específica de la filtración atribuida al tribunal que juzgó a García Ortiz, sino que también siente un precedente sobre la gestión de la confidencialidad y las obligaciones institucionales en procedimientos de alto perfil. Toda esta información, según la cobertura de RTVE, queda remitida al análisis y decisión del Tribunal Supremo, que deberá determinar la existencia de posibles responsabilidades y la eficacia de los mecanismos de protección del secreto deliberativo en el poder judicial.