Peinado consulta a la UCM si personas sin título superior firman pliegos para aclarar si Begoña Gómez cometió intrusismo

La solicitud del juez Juan Carlos Peinado a la Universidad Complutense de Madrid incluye la identificación detallada de personas que han suscrito pliegos técnicos de contratación pública sin acreditar titulación universitaria superior. De acuerdo con Europa Press, esta medida busca esclarecer si la firma de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en esos documentos puede constituir un caso de intrusismo laboral.

Según publicó Europa Press, el magistrado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, remitió a la Escuela de Gobierno de la UCM un requerimiento para que, “a la mayor brevedad posible”, informe sobre los firmantes de pliegos técnicos carentes de título universitario superior. El interés de Peinado radica en determinar si, dentro del procedimiento de adjudicación de contratos públicos —ya sean de servicios, suministros u obras—, la actuación de Gómez encaja en los delitos investigados, entre ellos el de intrusismo.

La providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, detalla que el informe debe recoger los nombres de todas las personas sin la titulación académica requerida que hayan firmado cualquier pliego de condiciones o prescripciones técnicas en los citados procesos. El magistrado busca así información esencial que le permita analizar si la normativa exige una cualificación específica para la firma en estos documentos y, en consecuencia, si la participación de la investigada reviste relevancia penal.

Según reportó el mismo medio, el juez reiteró a la Asociación Española de Abogados del Estado el encargo de un informe adicional, donde se detallen “las cualificaciones académicas y titulación exigibles” para la elaboración y la firma de pliegos técnicos, tal como señala una resolución judicial incorporada a la causa. El instructor considera “necesario” ese informe técnico para establecer “si la firma del pliego de condiciones técnicas requiere alguna cualificación” y así dirimir si la conducta de Begoña Gómez constituye delito de intrusismo o si, por el contrario, no existe infracción penal en su actuación.

Europa Press indica que la investigación gira en torno a la función de Gómez como codirectora de una cátedra en la UCM y su firma en pliegos técnicos para patrocinadores. La defensa de la esposa del presidente manifestó ante las autoridades que tales firmas se realizaron bajo mandato expreso de la propia universidad, desechando la posibilidad de actuaciones irregulares y distanciándose de la acusación de intrusismo.

El procedimiento también aborda otras líneas de investigación. El magistrado, en otra resolución, rechazó la petición de la acusación popular para que Víctor de Aldama, empresario vinculado al llamado ‘caso Koldo’, testifique sobre su supuesto conocimiento respecto a la cátedra de Gómez. Según precisó el juez, no obra constancia de ninguna relación entre Aldama y la cátedra, ni con la Universidad Complutense, los patrocinadores o las empresas de Juan Carlos Barrabés, quien también figura como investigado en el expediente. Peinado enfatizó a través de la resolución que “el derecho de las partes a solicitar diligencias de prueba no es un derecho ilimitado” y explicó que “el resultado de la prueba propuesta no se considera necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”.

El caso que afecta a Gómez contempla la investigación de cinco presuntos delitos, según detalló Europa Press: intrusismo, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca y malversación. La apertura de esta línea de investigación ocurre dentro del escrutinio judicial hacia contratos y decisiones adoptadas en la cátedra que codirigía en la Complutense, especialmente en relación con la participación de patrocinadores y los procedimientos seguidos en la adjudicación de contratos vinculados a la actividad de dicha cátedra.

En consecuencia, el avance de la investigación depende, en esta fase, de la información que aporte la Universidad Complutense y de los informes técnicos solicitados. La evaluación de la titulación exigida para la firma de documentos públicos será decisiva para la determinación judicial de la existencia o no de un delito de intrusismo y para el resto de actuaciones procesales ligadas al caso, según la información publicada por Europa Press.