
Lara Hernández, portavoz de Sumar, cuestionó la posición del Partido Popular al señalar que el principal partido de la oposición impidió la reciente creación de una oficina independiente anticorrupción en el Congreso, según publicó el medio consultado. Hernández vinculó este rechazo directamente a la coherencia política del PP, especialmente tras la masiva concentración en Madrid convocada para exigir responsabilidades por presuntos casos de corrupción vinculados al Gobierno de Pedro Sánchez.
Según el medio, la manifestación reunió a decenas de miles de participantes en la capital, con estimaciones de la Delegación del Gobierno que sitúan la cifra en aproximadamente 40.000 asistentes, mientras los organizadores hablaron de hasta 80.000 personas. En este escenario, Sumar acusó al PP de organizar movilizaciones contra la corrupción, pero de no respaldar reformas legislativas orientadas a reforzar el control institucional y la rendición de cuentas. Sumar insistió en que el principal partido de la oposición solo convoca movilizaciones con fines partidistas, en contraste con la ausencia de protestas sobre temas como la vivienda o la situación en Palestina, consignó el medio.
Hernández defendió que la aprobación de la propuesta de Sumar para crear una oficina anticorrupción habría permitido dotar al Congreso de un instrumento eficaz para la supervisión y fiscalización en materia de integridad pública, según reportó el medio. La parlamentaria reiteró que el rechazo del PP a esta iniciativa cuestiona su posicionamiento en el debate sobre la transparencia, especialmente frente a su historial judicial. La portavoz de Sumar hizo alusión directa a las investigaciones y procesos judiciales que han involucrado a dirigentes populares, mencionando a los exministros Montoro y Rato y al ex tesorero Luis Bárcenas, cuyas actuaciones han sido objeto de causas como Gürtel, Púnica y Lezo. Estas referencias pretenden socavar la autoridad moral del PP en la lucha contra la corrupción, enfatizó la formación según palabras recogidas por el medio.
De acuerdo con la información proporcionada por el medio, la postura de Sumar enfatiza la necesidad de que el debate sobre integridad en el escenario político español se oriente hacia la formulación y puesta en marcha de reformas. A través de sus canales oficiales, Sumar remarca la importancia de que los partidos con antecedentes judiciales en casos de corrupción respalden el fortalecimiento de los mecanismos parlamentarios de control. En una declaración destacada por el medio, el partido envió un mensaje específico al PP: “Si quieren combatir la corrupción, que apoyen nuestra oficina anticorrupción en el Congreso. No olvidamos”.
El medio detalló que Sumar argumenta que solo el impulso de compromisos legislativos efectivos ofrece vías reales para prevenir y sancionar prácticas corruptas dentro de la administración pública. A juicio de Hernández y de la dirección de Sumar, la preferencia por movilizaciones ciudadanas sobre la realización de cambios estructurales apunta a una estrategia de desgaste político y no al fortalecimiento institucional. Desde la perspectiva de Sumar recogida por el medio consultado, la integridad pública requiere coherencia entre discurso, actividad parlamentaria y movilización social, por lo que la formación continúa reclamando la creación de órganos independientes de fiscalización.
En el marco del actual clima parlamentario, caracterizado por la confrontación entre los principales partidos en torno a la corrupción, Sumar mantiene activa su apuesta por el desarrollo de herramientas de control efectivas. El medio relató que Hernández recordó también la actuación de Carlos Mazón durante la crisis sanitaria, responsabilizándolo de la gestión y del fallecimiento de más de doscientas personas, lo que ha reabierto el debate político sobre la respuesta institucional frente a situaciones críticas.
Este intercambio de declaraciones, unido a las manifestaciones y la respuesta de la ciudadanía, mantiene vigente el debate sobre transparencia y corrupción en la agenda pública. Según el medio, la confrontación discursiva entre partidos y la presión social continúan marcando el ritmo de la actividad institucional en relación al control y a las reformas para mejorar la rendición de cuentas.


