Koldo se niega a declarar en la AN sobre las mascarillas de Canarias después de su primera noche en prisión

El análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó que Víctor de Aldama habría entregado pagos mensuales de 10.000 euros en efectivo a Koldo García desde al menos octubre de 2019, presuntamente para asegurar el acceso al entonces ministro de Transportes, así como para facilitar contratos y certificaciones relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia. Esta investigación, detallada por Europa Press, expone el complejo entramado de influencias y favores que rodean los contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias, donde la empresa Soluciones de Gestión quedó en el centro de la presunta red de corrupción.

Koldo García, exasesor ministerial, rehusó declarar ante la Audiencia Nacional tras pasar su primera noche en la prisión de Soto del Real, en Madrid, luego de que el Tribunal Supremo ordenara su ingreso por apreciar un elevado riesgo de fuga antes del juicio que se celebrará en su contra. Según Europa Press, el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, lo había citado para testificar sobre la adjudicación de mascarillas en Canarias varias semanas antes de la decisión del Supremo. García optó por mantener silencio como estrategia, en línea con sus anteriores comparecencias.

El Supremo, representado por el magistrado Leopoldo Puente, dispuso la prisión provisional tanto para García como para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por considerar que existen indicios sólidos en su contra y por la gravedad de los cargos, que incluyen organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y uso de información privilegiada. Las acusaciones solicitan hasta 30 años de prisión para ambos. El magistrado remarcó que el riesgo de fuga se incrementa ante la inminencia del juicio, previsto para los próximos meses, y advirtió que las eventuales condenas no descenderían de los 10 años de cárcel.

Europa Press reportó que la Audiencia Nacional había decidido citar tanto a García como a Aldama, presunto intermediario en la trama, tras recibir el informe de la UCO respecto a los contratos otorgados por el Gobierno de Canarias durante la presidencia de Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Estas investigaciones apuntan a que Soluciones de Gestión habría suministrado mascarillas y otros materiales sanitarios a través de procesos de emergencia, lo que habría facilitado la obtención de beneficios económicos personales a través de la influencia política.

La UCO, según describió el medio, señaló que Antonio Olivera, entonces viceconsejero de la Presidencia canaria, garantizó la adquisición de mascarillas con la intervención de Koldo García, a pesar de que en ese momento dentro de la administración todavía se discutían las dudas sobre el precio y la calidad del material. Conversaciones obtenidas durante la investigación reflejan la colaboración activa de García, quien preguntaba directamente sobre las cantidades de material que podía adquirir el gobierno canario y facilitaba la validación de las mascarillas por varios organismos públicos, incluidas las carteras de Transportes y Trabajo.

El informe de la Guardia Civil también expuso que la influencia ejercida por Koldo no solo respondía a peticiones específicas, sino que el pago recurrente reflejaba un acuerdo más general para asegurar acceso y trato preferencial, lo que supuestamente permitía a empresarios como Aldama obtener beneficios en la contratación pública.

Respecto a las comparecencias judiciales, una jornada antes de que García compareciera ante el juez Moreno, Aldama confirmó al magistrado que se había reunido con Ángel Víctor Torres en un restaurante y que le ofreció test de antígenos para la COVID-19. Aldama también afirmó ante los medios que el ex presidente canario “debería estar preocupado. Bastante”, tras finalizar su declaración. En el interrogatorio, Aldama aseguró que Torres tenía preferencia porque la empresa Plus Ultra, y no Air Europa, fuera la encargada de transportar el material sanitario hacia Canarias, interpretando que respondía a presiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para rescatar la citada compañía aérea.

Durante la declaración, Aldama indicó que los pagos de 10.000 euros que entregaba a García “abrían puertas en muchos lados, incluyendo Canarias”, según las fuentes citadas por Europa Press. El supuesto intermediario también implicó a otras figuras políticas, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a Salvador Illa, entonces titular de Sanidad y hoy presidente de Cataluña, quienes según Aldama estaban al tanto de una reunión próxima con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez durante su viaje a España en enero de 2020.

El procedimiento en la Audiencia Nacional derivó de la petición del fiscal anticorrupción Luis Pastor, quien argumentó que los contratos del Gobierno de Canarias con Soluciones de Gestión constituían parte del fundamento de los pagos mensuales a García. Pastor subrayó que los fondos otorgados permitían a Aldama acceder al ministro de Transportes, y que el patrón de transacciones no respondía a acciones puntuales, sino a la consolidación de un canal de influencia política estable, con repercusiones en la contratación de material sanitario y las certificaciones necesarias para los suministros.

El Supremo también mantiene abierta una pieza separada sobre presuntos amaños en obras públicas en la que ambos investigados, García y Ábalos, podrían enfrentar nuevas responsabilidades legales. El juez de instrucción explicó que los hechos investigados, tanto por la compra de mascarillas como por otras contrataciones de emergencia realizadas por el Gobierno de Canarias, podrían derivar en importantes consecuencias penales si se demuestran las acusaciones de manipulación de contratos y corrupción.

La investigación recogida por Europa Press insiste en que la actuación de las personas implicadas no se limitó exclusivamente al ámbito de la emergencia sanitaria, sino que se extendió también hacia otras áreas de contratación pública, en las que los investigados presuntamente utilizaron sus posiciones y contactos para influir en la toma de decisiones y garantizar condiciones favorables para intereses empresariales particulares.

Las pesquisas arrojan luz sobre los detalles de las operaciones internas y las relaciones entre cargo público y empresa privada, poniendo el foco en la manera en que los mecanismos de contratación pública durante la pandemia pudieron haberse visto comprometidos, según los informes oficiales y declaraciones recogidas en la investigación judicial.