El Congreso tramita las enmiendas del PP para congelar las tasas aeroportuarias y derogar el cierre de nucleares

Dentro de la amplia batería de propuestas populares relacionadas con el transporte y la energía, la exclusión de únicamente dos enmiendas tras la intervención presupuestaria del Gobierno marca un precedente poco habitual en la tramitación legislativa. Tal como informó El País, este jueves el Pleno del Congreso tendrá en sus manos la decisión final sobre más de 80 enmiendas del Partido Popular, incluidas medidas de alto impacto como la congelación de las tasas aeroportuarias y la posible derogación del calendario para el cierre de las centrales nucleares. La resolución de estas propuestas recae en los votos de Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que jugarán un papel clave en un contexto donde los aliados del Gobierno determinarán si dichas iniciativas avanzan al Boletín Oficial del Estado.

El medio detalló que la Mesa del Congreso admitió casi todas las enmiendas del Partido Popular que fueron incorporadas en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible. Algunas de las más relevantes, como el congelamiento de las tasas de AENA y la suspensión del desmantelamiento escalonado de centrales nucleares, podrán ser votadas por el Pleno. La votación decidirá si estos cambios promovidos por el Senado pasarán a publicarse y, por tanto, a convertirse en parte de la normativa vigente sobre el sector.

Sólo dos propuestas quedaron fuera del proceso, conforme confirmó El País. Ambas habían sido objeto de veto previo por parte del Gobierno durante su paso por el Senado, utilizando la prerrogativa que otorga la Constitución para frenar iniciativas que alteren el equilibrio presupuestario estatal. Una de las enmiendas excluidas requería una inversión estatal de 310 millones de euros para infraestructuras de recarga y renovación de flotas, mientras que la otra establecía una compensación anual de 4,6 millones de euros a contratistas por el transporte de bicicletas. Según lo publicado en El País, ambos vetos se fundamentan en el derecho del Ejecutivo a bloquear gastos excesivos o posibles caídas en los ingresos públicos.

A pesar de estos vetos, el Senado incorporó más de 80 enmiendas del Partido Popular, la mayoría apoyadas sin respaldo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ahora, la cuestión se traslada al Congreso, cuyos socios clave del Gobierno —especialmente Junts y PNV— decidirán si seguirán adelante con la aprobación parcial o total de estas propuestas, tal como consignó El País.

El contexto parlamentario refleja una relación tensa entre el Ejecutivo y el principal partido opositor en torno a la política energética y de movilidad en España. Entre las enmiendas que serán sometidas a decisión figuran temas de amplia repercusión económica y social, como la política de tasas aeroportuarias gestionadas por AENA y el futuro del sector nuclear en el país. Las posiciones expresadas hasta ahora por los partidos implicados auguran un debate intenso en el Pleno, donde el resultado dependerá del sentido del voto de los partidos nacionalistas e independentistas, que poseen la capacidad de inclinar la balanza.

La intervención del Gobierno, señalada en los vetos a las dos enmiendas, encuentra respaldo en la Constitución, que permite limitar aquellas propuestas que representen un incremento desproporcionado del gasto público o una merma significativa de los ingresos estatales. Según publicó El País, este argumento fue determinante para dejar fuera de competencia las propuestas relativas a inversión en infraestructuras eléctricas para la movilidad y a compensaciones en el transporte de bicicletas.

El Congreso celebra estas votaciones en un contexto de mayoría simple, donde los socios habituales del Gobierno resultan determinantes para la aprobación o rechazo de las enmiendas. Junts y PNV, partidos cuya postura no solo resulta clave sino también impredecible para el futuro inmediato de la normativa, han sido identificados por diversos sectores políticos como los árbitros de la sesión. La decisión sobre métricas como la congelación de las tasas aeroportuarias podría afectar no solo a la industria de la aviación, sino también a los usuarios de los servicios y a la competitividad del sector.

En cuanto al calendario de cierre de las centrales nucleares, la derogación propuesta implica cambios significativos en el mix energético nacional y en la estrategia definida previamente por el Gobierno para la transición hacia fuentes menos contaminantes. Según consignó El País, el enfrentamiento en torno a esta cuestión refleja una disputa más amplia sobre el ritmo y los métodos de transformación del sector energético español.

Respecto a las enmiendas relativas a la financiación estatal para la recarga y renovación de flotas, así como a las compensaciones por el transporte de bicicletas, El País explicó que estos temas ya generaron controversia en el Senado por el coste presupuestario que supondrían. La potestad que la Constitución confiere al Gobierno para proteger el equilibrio presupuestario ha servido para bloquear su tramitación definitiva, pese a que el Partido Popular disfrutó de mayoría absoluta en la cámara alta.

Las más de 80 enmiendas que sí avanzaron dentro del proceso legislativo afectan directamente a normativas cuyo alcance trasciende el transporte y la energía, involucrando parámetros de gasto público, competitividad económica y sostenibilidad. La jornada de este jueves en el Pleno se perfila según El País como un hito en la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, en la que se ponen en juego múltiples intereses sectoriales y políticos.

Varias de las medidas —como la congelación de tasas o la redefinición del cierre nuclear— cuentan con el rechazo previo del PSOE. Mientras tanto, los demás grupos parlamentarios todavía no han aclarado sus posiciones finales, dejando abierto el desenlace de un proceso que redefine algunas de las políticas centrales del país en materia de energía y movilidad, tal como detalló El País.