Adelante reclama "saber la verdad" en presunto caso de abusos del obispo: "30 años después no es justicia"

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, Néstor Salvador, portavoz de Adelante Andalucía, insistió en la inquietud por la falta de mecanismos efectivos que permitan a las personas afectadas denunciar posibles abusos y obtener respuestas satisfactorias. Salvador formuló preguntas sobre la situación actual que impide a las víctimas dar a conocer los hechos y exigió que se investigue si existen otros casos no revelados. Según informó el medio El País, que adelantó la noticia, el obispo de Cádiz, Rafael Zornosa, ha sido denunciado por un presunto caso de pederastia ocurrido cuando desempeñaba la dirección del Seminario de la Diócesis de Getafe, en Madrid.

Durante la rueda de prensa celebrada en la sede regional de Adelante Andalucía, Salvador solicitó esclarecer las circunstancias que rodean la denuncia y enfatizó la importancia de llegar al fondo del asunto. Tal como recogió El País y reportó también la agencia Europa Press, Salvador insistió en la necesidad de saber "la verdad" sobre los hechos que involucran al prelado. Además, reflexionó sobre el largo periodo de tres décadas transcurrido desde los supuestos abusos hasta la presentación de la denuncia pública, afirmando que "reaccionar 30 años después no es justicia ninguna".

El caso, según consignó El País, se refiere a presuntos abusos sobre un menor y se encuentra supuestamente prescrito en términos judiciales por el tiempo transcurrido. No obstante, Salvador llamó la atención sobre la relevancia de que el acusado ocupe un cargo de responsabilidad dentro de la organización eclesiástica, subrayando la gravedad institucional. Mencionó también que los sucesos denunciados no constituyen un hecho aislado, sino que, en su opinión, encajan dentro de una serie de casos similares que han implicado a miembros de la Iglesia Católica en los últimos años.

El portavoz de Adelante Andalucía lamentó la presunta existencia de prácticas para encubrir denuncias dentro de la institución y expresó que no basta con emitir condenas simbólicas o expresiones de rechazo, sino que es necesario abordar la estructura que ha permitido la ocultación de este tipo de conductas. Según Salvador, es imprescindible determinar si existen más personas perjudicadas, ya que la periodicidad en la aparición de casos similares plantea la posibilidad de que las víctimas sigan sin poder denunciar con suficientes garantías de protección.

Adelante Andalucía, a través de su portavoz, reclamó una respuesta más amplia tanto por parte de las autoridades civiles como de los responsables eclesiásticos ante los indicios de que los mecanismos actuales no resultan adecuados para proteger a las personas afectadas ni para facilitar la presentación de denuncias. El medio El País detalló que la denuncia contra el obispo Rafael Zornosa se suma a un contexto de demandas sociales y políticas para que la Iglesia y las instituciones del Estado adopten una actitud más proactiva en la prevención y persecución de los abusos sexuales cometidos por personas con autoridad.

Durante su intervención, Salvador también abordó el impacto que la prolongada falta de respuesta institucional ha tenido en la confianza en la justicia y en el proceso de reparación para las víctimas. Reiteró su petición de medidas para evitar nuevas dilaciones, dado que, a su juicio, las acciones retrasadas no permiten que se alcance justicia para quienes han sufrido estos hechos. También advirtió sobre los riesgos que implica la permanencia de responsables en cargos de relevancia sin que se aclaren de forma transparente las circunstancias de las acusaciones.

Según publicó El País, la postura de Adelante Andalucía se fundamenta en la defensa del derecho de las víctimas a ser escuchadas y a recibir respuestas. Salvador remarcó la necesidad de que las instituciones actúen de manera diligente y sin demoras, y subrayó la exigencia de realizar un examen exhaustivo de posibles nuevas personas afectadas, evitando que futuros casos enfrenten las mismas dificultades y limitaciones.

El caso denunciado por El País y expuesto por Adelante Andalucía se enmarca en un debate social y político más amplio respecto a la responsabilidad de las instituciones en el esclarecimiento de este tipo de conductas. Salvador concluyó que conocer la verdad y poner fin a la impunidad se mantiene como un reto pendiente tanto para la administración como para la Iglesia, resaltando la urgencia de modificar las prácticas que hasta ahora han favorecido la falta de transparencia y la persistencia de denuncias ocultas.