La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona decretó este martes prisión provisional domiciliaria, comunicada y eludible bajo fianza de 6.000 euros para el octogenario investigado por el asesinato de su esposa el pasado 29 de julio en Zizur Mayor.
Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el imputado quedó el mismo martes en libertad tras depositar su defensa dicha cantidad.
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En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, la magistrada admite que ha decretado la prisión eludible bajo fianza por obligación legal, ya que así lo había reclamado la fiscalía, única parte acusatoria en el procedimiento.
Recuerda al respecto que la medida de prisión solo es posible acordarla cuando la pide una de las partes. Explica que, ante la solicitud de puesta en libertad planteada por la defensa, dio traslado a la fiscal, quien interesó la prisión eludible bajo fianza de 6.000 euros para el encausado.
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Respecto a la causa de la muerte, la juez asegura que los hechos "son muy graves" e indica que, según el informe forense, la víctima, de 78 años, sufrió "dos traumatismos en la cabeza mientras dormía, con eventual sujeción".
La causa se tramita por el procedimiento del tribunal del jurado, por un presunto delito de asesinato, por la concurrencia de la agravante de alevosía.
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Entre otras pruebas solicitadas, el juzgado está a la espera de una pericial forense acordada sobre la capacidad del investigado tanto en el momento de los hechos como durante la tramitación de esta causa.
A mediados del pasado agosto, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial estimó parcialmente un recurso de la defensa y decretó la prisión domiciliaria del imputado, que estaba en prisión provisional desde el 30 de julio.
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Ahora, tras quedar en libertad bajo fianza, la juez ha impuesto al investigado, siguiendo el informe de la fiscalía, la obligación de comparecer el primer día de cada mes en el juzgado; la obligación de comunicar un domicilio para notificaciones y llamamientos judiciales; y la prohibición de abandonar el territorio nacional, por lo que deberá también proceder a la entrega del pasaporte.
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