
Las elecciones generales del 29 de noviembre llegan con reivindicaciones de los agentes de la Guardia Civil. Durante los ocho años de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, el enfado de policías y guardias civiles con su labor ha sido prácticamente una constante. La crisis de Ceuta, el problema con el tráfico de drogas en el sur peninsular o los casos de figuras de la cúpula del cuerpo que han tenido que declarar en los juzgados han creado una barrera entre Marlaska y los agentes.
Ahora, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha trasladado a los partidos un documento con 10 demandas de cara a una posible legislatura de cualquiera de ellos. La organización reclama que las propuestas se incorporen a los programas electorales. Uno de los puntos centrales es el reconocimiento de la profesión de riesgo. AUGC pide que los agentes puedan acceder a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, como ya ocurre con la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral y las policías locales. La asociación reclama una jornada de 35 horas semanales de promedio anual y pide completar el Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018, que destina 807 millones de euros a reducir la brecha salarial entre ellos y las policías autonómicas. La lucha contra el narcotráfico y la elección “a dedo” de los altos cargos son otras dos demandas puntuales.
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Una unidad permanente contra el narcotráfico
El documento reserva un apartado para el narcotráfico en el litoral andaluz. Tras la muerte de cuatro guardias civiles en operaciones marítimas entre 2024 y 2026, AUGC exige una unidad permanente especializada, más medios para el Servicio Marítimo y plantillas reforzadas en las zonas expuestas. Ya existió la OCON-Sur, pero desapareció por orden de Marlaska tras explotar el caso de David Oliva, jefe de la unidad investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. La explicación del Ministerio fue que se optó por una “reorganización operativa”.
La asociación también reclama declarar el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad. La medida incluiría para los agentes complementos por peligrosidad, incentivos de movilidad, pluses vacacionales, recursos materiales y plantillas estables. AUGC plantea que pueda extenderse a Huelva y otros puntos de la costa andaluza. En los últimos años, el sur de España se ha convertido en una de las principales puertas del narcotráfico europeo, dominando la entrada de hachís procedente del norte de África. Marlaska anunció medidas como la barrera que ‘cerraría’ el Guadalquivir para evitar que lo crucen las narcolanchas, pero, de momento, no se conocen detalles de su avance. También presume de haber aumentado los agentes en un 5,92% en la zona.
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Concurso público para evitar designaciones “a dedo”
Además, AUGC pide limitar los puestos de libre designación a funciones de “confianza real”. El resto, sostiene, debe cubrirse mediante concursos de méritos con baremos públicos. La asociación cifra en unos 10.600 los destinos de este tipo, según datos oficiales de 2022. De esta manera, la asociación plantea que se debe evitar poner “a dedo” a perfiles de las altas esferas de la Guardia Civil, tras conocerse casos como el de la actual directora, Mercedes González, que tuvo que explicar sus encuentros con Leire Díez. González declaró como investigada el 17 de julio por presunta obstrucción a la justicia y prevaricación. Negó haber presionado a la UCO para frenar investigaciones políticas.
La asociación también solicita acotar las comisiones de servicio, publicar las plazas disponibles y fijar una duración máxima. Propone además un informe anual al Congreso sobre los destinos de libre designación y las comisiones concedidas. La entidad vincula esa reforma con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que ha pedido más transparencia y objetividad en la carrera profesional dentro de la Guardia Civil.
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