El Partido Popular ha denunciado este miércoles ante la Comisión Europea el "hostigamiento" de miembros del Gobierno como el ministro de Transporte, Óscar Puente, a periodistas por informar sobre casos judiciales o políticos sensibles, así como crecientes episodios de vulneración de la libertad de prensa.
En una carta, la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha advertido al comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, y a la vicepresidenta de Democracia, Henna Virkkunen, del "constante hostigamiento y ataques públicos" contra periodistas en España, que atribuye a que el Gobierno de Pedro Sánchez, "acorralado por los escándalos de corrupción", quiere "amordazar la libertad de prensa".
En este sentido, reclama acciones inmediatas a Bruselas para que no espere hasta el próximo informe sobre el Estado de Derecho y "haga un seguimiento estrecho de la situación de la libertad de prensa en España y de los ataques a periodistas que informan sobre casos judiciales vinculados al Gobierno o sobre asuntos que no son de su interés".
Según Montserrat, durante los últimos meses "múltiples periodistas han sido señalados y descalificados públicamente" por miembros del Gobierno, incluyendo Puente. A este respecto, la carta habla de ataques contra periodistas como David Alandete, del diario 'ABC', Ketty Garat, del medio 'The Objective' o Elisa Beni. Igualmente recuerda el caso de José Ismael Martínez, atacado violentamente por un grupo de "radicales abertzales" mientras ejercía su labor informativa en la Universidad de Navarra.
"Estos ataques generan un clima de intimidación que amenaza la independencia de los medios y pone en riesgo la seguridad y la integridad de los periodistas, repercutiendo negativamente en el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y plural", ha avisado a la Comisión Europea.
En la misma comunicación, la ex ministra 'popular' asegura que el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez para combatir la desinformación en realidad ha servido para "centralizar la asignación de publicidad institucional bajo criterios discrecionales", por lo que acusa a la administración de "beneficiar a medios afines y perjudicar a los críticos".
"El Gobierno no divulga públicamente los montos adjudicados ni responde a solicitudes formales de información, pese a existir leyes de transparencia", afea la eurodiputada del PP.
Montserrat añade a todo esto las críticas a la nueva ley que regulará el derecho al secreto de los profesionales de la información, apuntando que "podría amordazar al periodismo de investigación, impedir la publicación de informaciones de interés público y otorgar a jueces competencias ambiguas sobre la interpretación de seguridad nacional".
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