
García-Page planteó la necesidad de reflexionar sobre los cambios normativos necesarios para diferenciar con claridad las atribuciones técnicas y políticas durante las emergencias vinculadas a fenómenos meteorológicos extremos. Según informó Europa Press, el presidente de Castilla-La Mancha abordó este tema al cumplirse un año de la dana que afectó a Valencia y a las localidades castellanomanchegas de Letur y Mira, reclamando que tanto las comunidades autónomas como el Estado incrementen su coordinación institucional para responder de manera más eficiente ante futuras amenazas naturales.
En declaraciones realizadas al programa ‘Castilla-La Mancha Hoy’ de Radio Castilla-La Mancha, recogidas por Europa Press, García-Page expresó que es momento de impulsar una “reflexión conjunta” sobre los aspectos que requieren mejoras y aquellos otros que deben mantenerse estables en materia de protección civil y respuesta a emergencias. Propuso explorar posibles modificaciones legales que permitan delimitar con mayor precisión qué corresponde en exclusiva al trabajo técnico y dónde debe situarse el papel de los responsables políticos en la gestión de estas situaciones.
El presidente autonómico se mostró partidario de que la intervención política en estos episodios se limite lo máximo posible, subrayando que el papel de los políticos debe centrarse en la supervisión, mientras se refuerzan los protocolos y respuestas automáticas y especializadas. “Cuanto menos intervenga la acción política, mejor”, subrayó, señalando al mismo tiempo la necesidad de protocolos “lo más sofisticados posibles” y de que las reacciones institucionales sean más automáticas y coordinadas. Según publicó Europa Press, insistió en que la mejora de estos sistemas constituye una prioridad para prevenir las consecuencias más graves de los fenómenos extremos.
En cuanto al aniversario de la tragedia causada por la dana, García-Page rememoró el impacto de aquellos días, recordando cómo una de las primeras informaciones le llegó a través de un vídeo de un vecino de Letur. Afirmó que la situación resultó “complicada de prever”, ya que ni siquiera había alerta roja en ese momento. De acuerdo con Europa Press, el presidente relató que las primeras medidas incluyeron la suspensión de la agenda institucional para enfocarse de lleno en la gestión de la emergencia, la instalación de hospitales de campaña y la puesta en funcionamiento de un puesto de mando avanzado. A su juicio, la rapidez en activar estos recursos resultó fundamental, ya que en ese momento “ni siquiera se podía acceder” al pueblo afectado, lo que dificultó aún más la labor de los equipos de emergencia.
Al cumplirse un año de los hechos, García-Page dirigió también un mensaje a quienes niegan la existencia del cambio climático. “Ahora, se sabe que nosotros tenemos algo que ver y que podemos hacer algo”, declaró, advirtiendo que si no se toman medidas y no se actúa en consecuencia, las advertencias y consecuencias asociadas al cambio climático serán cada vez más severas. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el presidente autonómico consideró que las administraciones han registrado avances importantes en la organización y los protocolos de respuesta a emergencias, aunque remarcó la importancia de “seguir aprendiendo de estas desgracias” para que los errores no se repitan y la memoria de las víctimas se honre a través de una mejora real en la preparación y prevención.
Durante su intervención, insistió en la importancia de contar con sistemas y procedimientos de actuación que permitan actuar de forma casi inmediata ante la irrupción de episodios meteorológicos extremos. Europa Press detalló que el mandatario valoró que, gracias a la experiencia adquirida con la tragedia de la dana, hoy existe mayor conocimiento sobre cómo actuar, aunque es esencial mantener una actitud de mejora continua en la coordinación entre los diferentes niveles de la administración y en la calidad de la respuesta técnica.
García-Page reiteró la importancia de “aprender también de estas desgracias” y consideró necesario intensificar la colaboración entre autonomías y Estado para consolidar sistemas más ágiles y automáticos frente a futuras eventualidades relacionadas con el clima y los desastres naturales, según recogió Europa Press.
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