La creación de un organismo independiente para supervisar y garantizar el uso responsable del software espía, junto con la obligación de informar periódicamente sobre estas prácticas y notificar a las personas afectadas al finalizar las investigaciones, forman parte de las propuestas destacadas que Esquerra Republicana lleva hoy ante la Comisión de Interior del Congreso. Según informó Europa Press, el grupo parlamentario busca que el Ejecutivo establezca una regulación clara y restrictiva en el ámbito de los programas de vigilancia, motivados por incidentes recientes como el caso Pegasus, que comprometen los derechos fundamentales y la privacidad de diversas figuras públicas.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana exige una normativa que limite la utilización de software espía exclusivamente a situaciones de criminalidad grave o amenazas comprobadas a la seguridad nacional. Para ello, plantea como requisito imprescindible la autorización judicial previa y la revisión periódica de la medida, con el fin de impedir abusos o usos injustificados de estas tecnologías. Además, el grupo presidido por Oriol Junqueras solicita la prohibición de emplear estos instrumentos de vigilancia sobre colectivos especialmente vulnerables, como periodistas, abogados, defensores de derechos humanos o representantes políticos, salvo en escenarios excepcionales y siempre debidamente argumentados ante un juez.
Europa Press detalla que la propuesta de Esquerra Republicana hace referencia explícita a los casos de espionaje relacionados con el programa Pegasus, identificado en un informe de Citizen Lab como responsable del acceso no autorizado a los teléfonos móviles de 65 dirigentes del movimiento independentista catalán durante el periodo comprendido entre 2017 y 2020. Entre las víctimas del uso indebido del software israelí figuran políticos, abogados y profesionales de medios de comunicación. Tanto el citado informe como la actual comisión de investigación del Congreso destinada a esclarecer la llamada 'Operación Cataluña', estudiarán las circunstancias de estos hechos, que afectaron también a la etapa del gobierno liderado por Pedro Sánchez.
La iniciativa parlamentaria de ERC aspira a cerrar las puertas a futuras prácticas de espionaje político y vulneraciones de la privacidad, señalando como esencial la regulación y supervisión constante para proteger libertades democráticas. Uno de los puntos clave se orienta a la destrucción inmediata de toda la información obtenida que se considere irrelevante para la investigación judicial, así como promover la transparencia de los procedimientos mediante la publicación de informes periódicos sobre el impacto efectivo de los sistemas espía.
La proposición, recogida por Europa Press, contempla también la regulación de la exportación y venta de estos recursos tecnológicos, de modo que se impida su comercialización hacia regímenes considerados autoritarios. Además, ERC plantea la necesidad de fomentar la creación de reglas internacionales que aseguren el control y uso adecuado de estas herramientas, protegiendo los derechos humanos en el marco global.
En el documento expuesto, Esquerra Republicana argumenta que la generalización de los programas de espionaje, como ocurrió en los casos Pegasus y 'Catalangate', ha generado graves vulneraciones de la privacidad personal, la libertad de expresión y la participación en la vida democrática. De acuerdo con Europa Press, la formación subraya la inexistencia de garantías procesales suficientes y la presencia de graves deficiencias en los mecanismos de control y supervisión, lo que ha abierto la puerta a excesos en la vigilancia a ciudadanos y colectivos protegidos.
El texto de la exposición de motivos cita las advertencias emitidas por la Comisión de Venecia, que ha alertado sobre los riesgos democráticos de emplear software espía sin un marco legal que garantice la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de su utilización. Según publicó Europa Press, la comisión europea destaca la importancia de establecer condiciones de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas para cualquier autoridad que acceda a este tipo de herramientas.
Finalmente, la proposición no de ley insta al Gobierno español a iniciar un debate a escala parlamentaria y social que aborde los efectos de la vigilancia digital sobre los derechos constitucionales y humanos. Europa Press informa que se solicita una comunicación formal sobre la adopción de estos compromisos, dirigida tanto a la Comisión de Venecia como al Parlamento Europeo y la Comisión Europea, reforzando así la demanda de garantías y transparencia en este ámbito.
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