El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que está "ultimando" con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) un "protocolo general de actuación para la mejora del servicio público de justicia".
Así se ha pronunciado ante los medios de comunicación en la sede del Ministerio antes de reunirse con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín; el secretario general técnico del CGAE, Borja Vargues; y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé.
Bolaños ha incidido en que dicho "protocolo" serviría para "integrar a la Abogacía en todas las cuestiones que pueden mejorar también ese servicio público que han de sentir los ciudadanos como cercano, como accesible y como eficiente".
Según un comunicado emitido por Justicia tras el encuentro, la firma de este documento "está prevista próximamente" y supondrá un marco de colaboración "estable" entre el Ministerio y la Abogacía "para impulsar acciones concretas de modernización y calidad del servicio".
Además, durante la reunión se han abordado los trabajos que se están realizando para que España ratifique próximamente el Convenio del Consejo de Europa para la protección de la profesión, algo que desde el CGAE se ha reivindicado --en otro comunicado-- como el resultado de una colaboración entre ellos y el Ministerio que "hizo posible que a comienzos de año se removiesen los obstáculos para facilitar su aprobación".
"2.500 NUEVOS JUECES Y FISCALES EN TRES AÑOS"
Asimismo, Bolaños, durante su comparecencia ante los medios, ha mencionado la ley de acceso a las carreras judicial y fiscal que se está tramitando en las Cortes, que -según ha manifestado-- servirá para "aumentar en tres años 2.500 nuevos jueces y fiscales".
"Habrá cargas de trabajo más razonables (...) y podrán, por tanto, llevar a cabo su labor con más estudio, más tiempo para los temas y para poder dictar resoluciones en un tiempo razonable, qué es lo que quiere el ciudadano cuando se acerca al servicio público de la justicia", ha añadido.
Por último, ha remarcado también la labor de Justicia para "mejorar" las condiciones de los fiscales de cara a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que prevé dejar en manos de los miembros del Ministerio Público las investigaciones penales que ahora llevan los jueces de instrucción. "Esa es la filosofía de la nueva ley y, por tanto, también la Fiscalía se ve beneficiada de la mayor transformación de la justicia en décadas", ha agregado el ministro.
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