Libertad como investigado para el concejal de Compromís en Altea (Alicante) acusado de agredir a su pareja

La investigación judicial relacionada con el concejal de Compromís en Altea, Rafael Ramón Mompó, se trasladó a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Benidorm tras su reciente detención por la Guardia Civil por presuntos delitos de lesiones y coacciones dentro del ámbito de la violencia de género. De acuerdo con la información difundida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Dénia ordenó su libertad provisional tras tomarle declaración en calidad de investigado.

Según reportó el TSJCV, las diligencias iniciaron después de que la presunta agresión ocurriera en una vivienda de Xàbia y la Guardia Civil detuviera a Mompó el domingo. El juzgado acordó no imponer una orden de protección debido a que, tanto la víctima como el propio juzgado, consideraron que no se cumplían las condiciones requeridas para adoptar esa medida. Además, la afectada decidió acogerse a la dispensa legal que le permitía no declarar en contra del investigado, optando por no ratificar la denuncia inicial, conforme detalló el TSJCV.

Tal como publicó el TSJCV y recogieron diferentes plataformas informativas, Rafael Ramón Mompó quedó formalmente imputado, aunque sin medidas cautelares restrictivas a su libertad. El proceso continúa bajo la supervisión de la jurisdicción penal para la valoración de los hechos y el eventual juzgamiento, remitiéndose toda la documentación y diligencias a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Benidorm.

El impacto de la detención en el ámbito político fue inmediato. Compromís, la formación a la que pertenece Mompó, comunicó su suspensión cautelar de militancia y la apertura de un procedimiento disciplinario interno para evaluar la situación mientras avanzan las actuaciones judiciales. Según informó el partido, la suspensión se mantendrá hasta que se esclarezcan los hechos y se cuente con la información oficial derivada de la investigación.

El equipo de gobierno del municipio de Altea, encabezado por el alcalde y compañero de partido Diego Zaragozí, resolvió la retirada provisional de todas las competencias delegadas que recaían sobre Mompó. Según declaraciones recogidas por el TSJCV y reiteradas por las autoridades municipales, la decisión se tomó con carácter temporal y estará condicionada a la resolución de los procedimientos en curso y al conocimiento de los detalles oficiales del caso.

De acuerdo con lo consignado por el TSJCV, ninguna de las partes solicitó en el juzgado la implementación de una orden de alejamiento ni medidas de protección adicionales, lo que orientó la resolución judicial en la fase inicial del procedimiento. Además, la opción de la supuesta víctima de no prestar declaración ante la autoridad judicial constituyó un elemento relevante para la instrucción.

Los hechos por los que se investiga a Mompó se enmarcan en los delitos de maltrato con lesiones y coacciones leves, figuras jurídicas contempladas en la legislación española en materia de violencia de género. El Tribunal de Instancia de Dénia consideró la traslación de la causa a Benidorm necesaria para el desarrollo de la fase de enjuiciamiento, dadas las competencias territoriales y la calificación de los delitos que se le atribuyen al edil.

Los portavoces institucionales de Compromís reiteraron, según destaca la cobertura del TSJCV, que las medidas tomadas en el ámbito partidario y municipal tienen carácter preventivo y no prejuzgan la inocencia o culpabilidad del concejal, sino que buscan preservar el correcto funcionamiento de las instituciones y garantizar la transparencia durante el desarrollo del proceso judicial.

Finalmente, la actuación de las autoridades judiciales y políticas de Alicante se mantendrá bajo escrutinio hasta la conclusión del procedimiento penal. El avance del caso y la evolución de las condiciones legales que afectan a Rafael Ramón Mompó continúan generando atención tanto entre la ciudadanía de Altea como en el seno de la organización política a la que representa, de acuerdo con la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.