La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha registrado sus alegaciones contra el proceso de traslado de los dos primeros menores migrantes no acompañados, en las que justifica su rechazo por la "sobreocupación" del sistema de acogida y la "falta de documentación".
En ese sentido, el Govern reitera que Baleares se encuentran en una situación de "sobresaturación" del sistema de acogida, con más de 700 menores tutelados, lo que supone una ocupación "superior al 1.000%".
En una nota de prensa, la Conselleria ha señalado que, actualmente, dos de cada tres menores que se encuentran en el sistema de protección son migrantes, una realidad que "dificulta garantizar una atención adecuada y respetuosa con los derechos de todos los niños y adolescentes tutelados".
"Esta situación, reconocida incluso por el propio Estado en la reciente declaración de emergencia migratoria, hace inviable mantener nuevas derivaciones", han apuntado.
En las alegaciones presentadas, la Conselleria subraya que el procedimiento iniciado vulnera lo establecido en el Real Decreto 658/2025 al "no haberse completado" los trámites de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Así, han indicado que "falta documentación esencial" sobre la situación personal y familiar de los menores, que "no se han garantizado" los protocolos de protección y repatriación previstos en la normativa vigente y que, además, resulta "materialmente imposible" asumir nuevos traslados dada la "saturación del sistema balear de acogida".
La Conselleria recuerda que en los últimos meses ya se han interpuesto diversos recursos jurídicos contra los decretos estatales que regulan la acogida de menores migrantes.
Concretamente, se ha recurrido el Real Decreto-ley 2/2025, que modifica la Ley de Extranjería para establecer medidas urgentes ante situaciones de contingencia migratoria; también el Real Decreto 658/2025, que fija el procedimiento de acogida y reparto de los menores no acompañados entre comunidades autónomas; y el Real Decreto 743/2025, que establece la capacidad ordinaria del sistema de protección en Baleares en 406 plazas, una cifra que el Govern considera "del todo inasumible".
El Govern ha afirmado que "mantiene su compromiso" con la protección de la infancia y la defensa del interés superior de los menores pero insiste en que la respuesta a la emergencia migratoria "debe ser solidaria, equilibrada y respetuosa con la capacidad real de cada territorio", al reclamar al Estado que "ejerza plenamente sus competencias y ofrezca soluciones efectivas".
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