La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha anunciado este lunes que el Defensor del Pueblo ha aceptado la petición de esta coalición política para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2025 de la Generalitat Valenciana, impulsada por la mayoría parlamentaria de PP y Vox en esta autonomía.
Compromís ha explicado, en un comunicado, que en una respuesta oficial dirigida a Micó, la citada institución "ha confirmado su compromiso de llevar al Tribunal Constitucional parte de las modificaciones que la nueva ley introduce en la normativa trans valenciana".
Esta formación política ha recordado que presentó una solicitud formal ante el Defensor del Pueblo, argumentando que esa ley "vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales esenciales al desnaturalizar la ley trans original y suprimir derechos ya reconocidos".
Àgueda Micó ha considerado que esta nueva normativa representa "el primer recorte de derechos de las personas LGTBI en toda la historia de la democracia valenciana". La diputada ha criticado "el modelo de gestión de PP y Vox" y ha dicho que "atacan la diversidad, recortan derechos e intentan imponer su visión de la sociedad".
Por su parte, el diputado de Compromís en Les Corts Valencianes, Francesc Roig, ha celebrado la interposición del recurso y ha reiterado que se trata de "un recurso contra el primer recorte de derechos de las personas LGTBI en la historia de la democracia valenciana".
"Ese recorte formó parte del pacto de la vergüenza entre --el presidente de la Generalitat Valenciana y del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos-- Mazón y Vox para que el presidente responsable de 228 muertos continúe en el poder", ha agregado Roig. "Esperamos que el Tribunal Constitucional frene este recorte y defienda los derechos de todas las personas", ha apostillado el diputado.
Compromís ha señalado que "la ley de Mazón impone requisitos médicos y psicológicos que regresan a un modelo que considera a las personas trans como enfermas".
Además, ha apuntado que "la ambigua redacción sobre las terapias de conversión podría relegitimar prácticas que atentan contra la integridad y la autonomía individual".
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