Asunción, 14 ago (EFECOM).- La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) de Paraguay comunicó este jueves que habilitó la operación de 77 de los 263 minimercados Biggie Express, después de que ordenara la suspensión temporal de actividades de esa red tras detectar productos vencidos y supuestamente reetiquetados en doce de sus establecimientos.
El titular de Dinavisa, Jorge Iliou Silvero, informó en una conferencia de prensa que la empresa Biggie S.A., la mayor cadena de ese tipo en el país, solicitó una inspección de todos sus almacenes, al asegurar que "ya habían quitado los productos vencidos", supuestamente reetiquetados y que "estaban cumpliendo con las buenas prácticas de almacenamiento".
"Un total de 77 locales cumplieron con la orden de retiro de los productos observados y están en condiciones para reanudar sus operaciones", dijo el funcionario, quien detalló que la inspección abarcó a unos 150 establecimientos, de los cuales, aseguró, en el 30 % se encontró "productos vencidos, en mal estado".
Iliou informó igualmente que se ordenó la suspensión de actividades y la clausura provisional de la empresa Foodies S.A, que, aseguró, es "la distribuidora de productos de toda la cadena de Biggie Express".
El director de Dinavisa indicó que hallaron en una verificación "incumplimientos muy graves a las normativas sanitarias vigentes", entre ellos -mencionó- "productos fraccionados sin registro sanitario" y "el uso de etiquetas que no cumplen con las disposiciones legales".
Este martes, la Dinavisa y la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) informaron de la suspensión temporal de actividades de los minimercados, una medida que las cámaras empresariales locales calificaron como "desproporcionada" y advirtieron que la decisión del Gobierno ha dañado el "clima de negocios".
La titular de la Sedeco, Sara Irún, afirmó el martes que se abrieron doce sumarios contra esta cadena y anticipó que se aplicarán las sanciones que correspondan.
Al reaccionar a la medida, Biggie Express expresó este miércoles en un comunicado que la decisión atenta "contra las garantías jurídicas y los derechos constitucionales que protegen la libre competencia, la actividad empresarial y el trabajo digno". EFECOM
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