El pleno del Consell ha autorizado este martes que la Abogacía de la Generalitat interponga un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, del Gobierno sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, ya que considera que es "unilateral" e "invade" las competencias autonómicas.
Así lo ha explicado la portavoz del Consell y vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno extraordinario celebrado este martes.
El recurso se interpone contra la norma que desarrolla el Real Decreto-ley 2/2025. En abril, el Consell ya interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra este debido a que consideraba que suponía una infracción del orden constitucional de distribución de competencias e injerencia en las de la Generalitat en materia del sistema de protección de menores.
Camarero ha señalado que la acogida de 571 menores en la Comunitat Valenciana aprobada por el Ejecutivo central está dotada de 7,4 millones de euros para los tres primeros meses de estancia. Esto implica 35 euros al día por menor, frente a los 219,85 euros que destina el sistema valenciano al día por usuario. "Rompe el principio de autonomía financiera, ya que no aporta los recursos necesarios para atender a los gastos que conllevan estos menores", ha dicho.
"El Gobierno de España nos manda a los niños, pero no va a colaborar financieramente en el coste del mantenimiento de los recursos necesarios para acoger con la dignidad que merecen estos menores, que se eleva a 45,5 millones de euros", ha reprochado la consellera.
La portavoz ha indicado que el decreto "no está justificado ni negociado" el criterio que ha establecido el Gobierno para "decidir cuántos menores van a cada una de las comunidades autónomas". Además, ha criticado que a País Vasco y Cataluña "le tocan cero menores frente a, por ejemplo, los 571 que le toca a la Comunitat Valenciana". Según Camarero, "no hay ni planificación de cuántos ni cuándo llegarían estos menores".
La también consellera de Servicios Sociales ha expuesto que los centros de menores de la Comunitat Valenciana se encuentran en "el 160%" de ocupación aunque se han incrementado en 122 las plazas disponibles respecto al anterior gobierno autonómico, hasta llegar a 319 con una subida del 63%.
"CADA PASO QUE DÉ, LO VAMOS A RECURRIR"
Camarero ha explicado, a preguntas de los medios, que el recurso es compatible con el interpuesto ante el Tribunal Constitucional, que presentaron once comunidades gobernadas por el PP y Castilla -La Mancha. "No solamente las comunidades del PP, sino también las comunidades del Partido Socialista, que están absolutamente en contra de esa decisión unilateral por parte del Gobierno de España", ha indicado la portavoz.
La representante del Consell ha señalado que el decreto recurrido por inconstitucionalidad "lleva un reglamento de desarrollo". "Cada acto administrativo que complemente o que vaya desarrollando el primer real decreto lo vamos a ir enmendando, porque si el real decreto consideramos que está viciado, todos los actos administrativos posteriores están viciados. Cada paso que dé el Gobierno, lo vamos a recurrir. En este caso tiene que ser contencioso-administrativo, por el tipo de desarrollo que es", ha aclarado.
En esta línea, ha insistido en que el Consell no va a tolerar que "invadan" sus competencias. "No vamos a tolerar que el Gobierno de España, debido a su incapacidad de gestionar la política migratoria, quiera ahora trasladar 4.000 menores no acompañados a la península, con una distribución absolutamente discriminatoria", ha agregado.
Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo central está obligado por un auto del Tribunal Supremo a acoger a 1.200 menores no acompañados con asilo. "Son incapaces de hacerlo. Ni tienen política migratoria ni son capaces de acoger los que tienen la obligación de acoger, pero siguen insistiendo en que las comunidades autónomas hagamos su trabajo. Y ahí, la Comunitat Valenciana va a oponerse a este traslado, no por falta de solidaridad, sino por responsabilidad y porque no podemos permitir que se rompa un sistema de acogimiento que tiene los estándares de calidad altísimos".
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