CyL se persona contra el recurso del Defensor del Pueblo en el TC para salvaguardar la Ley que permite la caza del Lobo

La Junta de Castilla y León ha decidido personarse en contra del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo a través del que rechaza la Ley aprobada en el Congreso que permite la caza del lobo al norte del Duero con el fin de que éste no salga adelante y finalmente se pueda garantizar el cumplimiento de la norma en los términos en los que se aprobó.

Así lo ha explicado el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ha dado cuenta de que el Consejo de Gobierno ha acordado la personación de la Junta como parte coadyuvante en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo que impugna varias disposiciones de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, en concreto en lo referente a la caza del lobo.

Como ha explicado Fernández Carriedo, la decisión de personarse responde a la necesidad de defender la constitucionalidad de la norma aprobada en el Congreso, ya que las disposiciones impugnadas afectan "directamente" a las competencias de Castilla y León en materia de protección del medio ambiente y los ecosistemas, y en concreto, en la gestión del lobo.

La personación en este proceso se realiza, como ha defendido Fernández Carriedo, para garantizar el respeto de las competencias autonómicas y para apoyar una Ley que se "considera fundamental.

Con la aprobación de este expediente la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León ha sido facultada para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para defender los intereses de la Comunidad en este procedimiento.

"Nuestro objetivo es defender los intereses de Castilla y León, las competencias de la Comunidad y, en definitiva, la posición que tenemos, que es la misma que la establece la Ley, que fue aprobada por el Congreso", ha subrayado el consejero, quien ha detallado que la Junta "no presenta un recurso", sino que actúa para "defender la vigencia de esta norma" en apoyo al texto aprobado por las Cortes Generales.

El consejero ha insistido en que la Ley recoge, en sus disposiciones adicionales, transitorias y finales, que el Gobierno debe contar con el informe de la Conferencia Sectorial competente antes de remitir a la Unión Europea cualquier información sobre la evolución del lobo, "de manera que se cuente con las Comunidades Autónomas".

Sin embargo, ha lamentado que "en esta ocasión, el Gobierno no ha convocado esta Conferencia Sectorial, que tenía que haberse realizado este mes de julio conforme establece la nueva ley", y ha recordado que "las comunidades autónomas tenemos mucho que aportar en el ámbito del sector".

"El lobo en los últimos años ha experimentado un aumento en el número de ejemplares y en el número de manadas existentes en nuestra Comunidad autónoma, por tanto, está garantizada su existencia, no está en peligro de extinción al norte del Duero, y hemos conseguido un equilibrio entre la ganadería y el lobo, que es lo que queremos mantener y lo que se incorpora a la Ley".

Así, según ha destacado, el texto es "coherente con la decisión del Parlamento Europeo, con los tratados europeos y con la normativa nacional e internacional". "Lo que está en juego es si el Gobierno, a la hora de enviar el informe sobre la evolución del lobo en términos de ejemplares y de manadas, tiene que escuchar o no a las Comunidades autónomas, nosotros estamos de acuerdo con la Ley y con el Parlamento Nacional en este punto, y en contra del Gobierno", ha zanjado.