El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha contestado a Instituciones Penitenciarias que debe actuar conforme a sus propias normas ante la petición realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que este organismo dependiente del Ministerio de Interior le informe sobre quiénes y cuando visitan al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real (Madrid).
En un escrito del pasado 3 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO pedía a prisiones, "por ser de interés para las investigaciones", "ser informada de las visitas que reciba el interno, a poder ser con antelación a que se produzcan".
"En caso de que sean imprevistas, como las llevadas a cabo por miembros del colegio de abogados, se informe a la mayor brevedad posible. Es de interés quién y cuándo se realizan o realizarán dichas visitas, no así el contenido de las mismas", decía, pidiendo a Instituciones Penitenciaras "la máxima discreción".
Prisiones, por su parte, en otro escrito de 9 de julio, se dirigía a Puente para informarle de la solicitud de la UCO, indicándole que "se está cumplimentando", "salvo que por el tribunal se ordene lo contrario".
En una providencia dictada este mismo viernes, Puente responde a Instituciones Penitenciarias, recordando que "ciertamente ninguna resolución se ha dictado en esta causa especial concerniente en concreto a la cuestión referida que pudiera ratificarse, modificarse o dejarse sin efecto". Por ello, le contesta que debe actuar "en los términos que considere normativamente conducentes".
RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS
Fuentes de la defensa de Cerdán consideran que se trata de un grave "atropello" a su derecho a la defensa, anticipando que sopesan pedir amparo a los colegios de abogados pertinentes.
El Supremo envió a Cerdán a prisión provisional el pasado 30 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho al considerarle el cabecilla de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, en la que también habrían participado el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García.
Puente apreció un riesgo de destrucción, alteración y ocultación de pruebas por parte de Cerdán por ser quien, presuntamente, sabe quiénes pagaban las mordidas y quiénes las recibían, unas incógnitas que la investigación judicial aún no ha esclarecido por completo.
Cerdán recurrió alegando que es víctima de una causa general. Fiscalía y las acusaciones populares que dirige el PP ya se han opuesto y está previsto que el TS celebre el próximo martes una vista de apelación para estudiar la petición de puesta en libertad.
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