La Audiencia Provincial de Almería ha absuelto a tres hombres acusados de dirigir una patera interceptada frente a la costa de Carboneras, en la que viajaban un total de 17 personas, al no quedar acreditado que organizaran el viaje ni que asumieran funciones durante la travesía.
El tribunal de la Sección Segunda absuelve a los acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que la Fiscalía solicitaba siete años de prisión para cada uno de ellos, conforme al fallo consultado por Europa Press contra el que cabe recurso de apelación.
Los hechos se remontan al 12 de diciembre de 2023, cuando una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil interceptó una embarcación neumática de entre cinco y seis metros de eslora a unas seis millas al sureste de Carboneras. Según recoge la sentencia, había partido la noche anterior desde la costa argelina con la finalidad de entrar en España de "forma clandestina".
Durante el juicio, el Ministerio Público atribuyó a los tres acusados un reparto de funciones como responsables de la brújula, el motor, el GPS, el repostaje o el cobro del trayecto. No obstante, el tribunal concluye que "no se ha acreditado con el necesario nivel de certeza" que existiera entre ellos ni con terceros un acuerdo previo para organizar la expedición ni un reparto de roles, más allá del hecho de que se turnaran para conducir la embarcación.
La principal prueba de cargo fue el testimonio de un testigo protegido, cuya declaración, según la resolución, "resultó falta de persistencia e incongruente en diversos aspectos". El tribunal subraya que incurrió en contradicciones sobre el precio pagado, la persona a la que entregó el dinero, el número de personas alojadas en una casa antes de partir, la duración del trayecto o los roles atribuidos a los acusados.
Tampoco los vídeos localizados en el móvil de uno de los acusados --en los que se ve la embarcación y el motor funcionando-- han sido considerados prueba suficiente, ya que el tribunal destaca que "no puede establecerse si fueron grabados por él o por un tercero" y que el acusado afirmó haberlos recibido del organizador para asegurarse de que el viaje era real.
La Sala subraya que las "razonables sospechas inicialmente existentes" no se han transformado en "verdaderas pruebas de cargo con la contundencia, riqueza y precisión necesarias para desvirtuar la presunción de inocencia", por lo que ha decretado su libre absolución.
Los tres hombres han sido defendidos por el abogado Eduardo Zea, quien pidió la absolución al entender que sus representados eran simples pasajeros. La sentencia ordena su inmediata puesta en libertad y da traslado a la Policía Nacional "a los efectos estrictamente administrativos", ya que los tres se encuentran en "aparente situación irregular en nuestro territorio".
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