Nairobi, 19 jun (EFECOM).- El Parlamento de Kenia aprobó este jueves la propuesta de ley de finanzas para 2025 que finalmente deniega a la autoridad tributaria del país la posibilidad de acceder sin restricciones a los datos personales de los contribuyentes, una medida que había generado fuertes críticas por violar el derecho constitucional a la privacidad.
La disposición, impulsada por la Autoridad Tributaria de Kenia (KRA, por sus siglas en inglés), pretendía permitir el acceso a registros financieros con fines de cumplimiento fiscal.
Sin embargo, la Comisión de Finanzas del Parlamento argumentó que la legislación vigente ya permite ese acceso bajo autorización judicial, por lo que consideró innecesario ampliar los poderes del organismo.
De este modo, y tras descartar varias propuestas que habrían incrementado la carga fiscal sobre los contribuyentes, el Parlamento aprobó el texto durante su sesión vespertina, a la espera de que el presidente del país, William Ruto, lo firme y promulgue.
El proyecto de ley busca recaudar 24.000 millones de chelines kenianos (unos 165,5 millones de euros) adicionales en el ejercicio fiscal 2025/2026 -que comienza el 1 de julio-, principalmente mediante un refuerzo de la recaudación y el cumplimiento tributario.
El Gobierno presentó este proyecto en un contexto de fuerte presión social, tras las protestas masivas del año pasado contra una propuesta de subida de impuestos que buscaba recaudar 346.000 millones de chelines (2.386 millones de euros).
Aquel intento legislativo desató una ola de movilizaciones sin precedentes, que dejó más de 60 muertos, 610 heridos y 1.376 detenciones arbitrarias, según denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR), y obligó al presidente Ruto a retirar la propuesta.
En esta ocasión, los legisladores también eliminaron otras medidas polémicas, como la modificación de los tramos del impuesto sobre la renta, que habría permitido al Ministerio del Tesoro ajustar las tasas hasta un 10 % cada tres años según la inflación.
Asimismo, la Asamblea mantuvo ciertos incentivos fiscales y aprobó nuevas exenciones, como la supresión total del impuesto a los pagos por pensiones, con el objetivo de aliviar la presión sobre los hogares y sectores productivos. EFECOM
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