Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

En 2004, nadie pensaba que José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato del PSOE, pero casi un desconocido, tuviera opciones de gobernar España. Muy poco antes de las elecciones generales, las encuestas anticipaban la mayoría absoluta del candidato del PP, Mariano Rajoy, el sucesor de José María Aznar. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado: el 11 de marzo, un grupo de terroristas islamistas mató a 193 personas en una serie de atentados en Madrid. Para que no se relacionara el suceso con la guerra de Irak que Aznar había apoyado, la reacción inicial del PP fue decir que las primeras investigaciones apuntaban a ETA. La indignación popular que se desató dio la victoria a Zapatero. Así arrancó una nueva etapa de los socialistas en el poder, que duraría dos legislaturas muy diferentes.

Zapatero fue investido presidente del Gobierno el 16 de abril de 2004, con el respaldo de Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Coalición Canaria, el Bloque Nacionalista Galego y Chunta Aragonesista. Se convirtió así en el quinto presidente de la democracia española y formó el primer Gobierno paritario de la historia del país, con igual número de hombres y mujeres en el gabinete.

Entre 2004 y 2008, impulsó una agenda de reformas sociales que incluyó la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la retirada de las tropas españolas de Irak, una regulación progresista del aborto, la ley de dependencia, la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad y la Ley de Memoria Histórica, que reconoció por primera vez a las víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil y destinó fondos para la exhumación de fosas comunes. Todo ello desató la ira de la derecha, y las protestas por parte de grupos religiosos se intensificaron durante estos años.

El Gobierno impulsó también una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que amplió competencias de la Generalitat y que el Tribunal Constitucional terminó recortando en una sentencia de 2010, tras un recurso presentado por el PP.

Por otro lado, el 22 de marzo de 2006, la banda terrorista ETA anunció un alto el fuego permanente, efectivo desde el 24 de ese mes. Rodríguez Zapatero pidió autorización al Congreso para iniciar un diálogo con la organización, autorización que obtuvo el 29 de junio de 2006 pese a la oposición del PP, liderado entonces por Mariano Rajoy. El proceso se interrumpió de forma abrupta el 30 de diciembre de 2006, cuando ETA hizo estallar una furgoneta con más de 200 kilogramos de explosivos en el aparcamiento de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid. El atentado causó la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, las primeras víctimas mortales de la banda en más de tres años. ETA declaró formalmente el fin de la tregua el 5 de junio de 2007, tras acusar al Gobierno de responder al cese de la violencia con “detenciones, torturas y persecuciones”. Pese al atentado, Rodríguez Zapatero mantuvo canales de contacto con el entorno de la organización a través de distintos negociadores. Y en 2011, se acordó su disolución.

La segunda legislatura

El 9 de marzo de 2008, el PSOE revalidó su triunfo con más de 11 millones de votos y 169 escaños, cinco más que en 2004, aunque de nuevo sin mayoría absoluta. El PP, con Rajoy al frente, superó los 10 millones de votos y obtuvo 158 escaños. Zapatero decidió no negociar apoyos externos y fue investido el 11 de abril de 2008 únicamente con los votos de su partido, un hecho sin precedentes en la democracia española.

Y ese mismo año, todo cambió. La economía española, que todavía conservaba parte del impulso de la expansión inmobiliaria, se vio golpeada meses después por la crisis financiera internacional y el estallido de la burbuja del ladrillo. El Gobierno tardó en reconocer la gravedad de la situación y durante varios meses mantuvo un discurso de contención que no se correspondía con el deterioro real de la economía.

El 9 de mayo de 2010, en plena presión de los mercados y de las instituciones europeas, la entonces ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, cerró en Bruselas un acuerdo para recortar el gasto público en 15.250 millones de euros entre 2010 y 2011. Tres días después, el presidente anunció el mayor plan de ajuste de la democracia española: una reducción media del 5% en el salario de los funcionarios, la congelación de las pensiones en 2011 —con excepción de las prestaciones más bajas—, un recorte de 6.000 millones de euros en inversión pública, la supresión del llamado “cheque bebé” de 2.500 euros por nacimiento y una reducción del gasto en ayuda al desarrollo. El Real Decreto se aprobó el 20 de mayo de ese año, con el objetivo de cerrar 2011 con un déficit del 6% del PIB, frente al 7,5% previsto inicialmente.

Zapatero había prometido durante meses no ejecutar recortes y, al hacerlo, en vez de dimitir, perdió el apoyo de buena parte de la población a la izquierda del espectro político. Ante la pérdida sostenida de apoyo social y político, anunció el adelanto de las elecciones generales, originalmente previstas para marzo de 2012, al 20 de noviembre de 2011. El propio presidente ya había confirmado meses antes que no se presentaría a la reelección, lo que dejó a Rubalcaba como candidato socialista.

El resultado fue una victoria aplastante del PP de Mariano Rajoy, que obtuvo 186 escaños, tres más que la mayoría absoluta lograda por Aznar en 2000. El PSOE, con 110 diputados, sufrió su peor resultado desde el inicio de la democracia y perdió 59 escaños respecto a los comicios de 2008.