
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha remitido este viernes sendas cartas al presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, y a la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, Edurne Eginoa, en las que solicita la revisión sin límite temporal de las adjudicaciones por el Ejecutivo foral a las empresas que figuran en el informe de la UCO de la Guardia Civil.
Además, de acuerdo con el anuncio que hizo este jueves la presidenta en una rueda de prensa, también se está analizando por los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra la fórmula más adecuada para el encargo de una auditoria externa, la tercera vía de análisis suplementario "en aras a la transparencia, aunque sin prejuzgar la existencia de ninguna ilegalidad", según ha señalado el Gobierno foral en una nota.
Las dos misivas referidas especifican el objetivo de Chivite de aportar "garantías adicionales a la ciudadanía para que no existan sombras de duda" pese a, como enfatiza, "no tener constancia de que se haya cometido ilegalidad alguna en la Comunidad foral".
De mediar algún indicio de ilicitud o de injerencia externa en los criterios técnicos de adjudicación, tras el examen de los contratos que conciernen a las empresas citadas en el informe de la UCO, la presidenta Chivite anuncia la "inmediata puesta en conocimiento de la fiscalía".
En el caso del Parlamento y de conformidad con los artículos 5 y 8c de la ley foral 19/1984, reguladora de la Cámara de Comptos, se insta el requerimiento de la emisión de informes de fiscalización por parte de cualquiera de los órganos internos legitimados, incluidas la Mesa y la Junta de Portavoces, a las que se plantea que aborden ya esta cuestión en su sesión de este próximo lunes 16 de junio. Quedan excluidas de esta petición aquellas adjudicaciones ya supervisadas por la Cámara de Comptos.
Por su parte, y según lo previsto en los artículos 5 y 14 de la ley foral 7/2018, de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad foral de Navarra, sus actuaciones podrán iniciarse ante una solicitud razonada presentada por instituciones públicas, en este caso formulada esta misma mañana por la presidenta del Gobierno foral.
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