Arriaga Asociados y el fondo británico Pemberton han formalizado el principio de acuerdo anunciado el pasado mes de enero, mediante un pacto definitivo para la devolución del crédito pendiente, valorado en aproximadamente 35 millones de euros, según ha informado el bufete de abogados en un comunicado.
Este entendimiento implicará una "inminente salida" del concurso de acreedores voluntario en el que se encuentra Arriaga, garantizando la continuidad de su trabajo, especializado en reclamaciones al sector financiero por cláusulas suelo, tarjetas revolving o seguros de prima única, entre otros productos.
El acuerdo entre Arriaga Asociados y Pemberton tiene como objetivo regularizar la deuda y garantizar la estabilidad y viabilidad de la firma. En este contexto, ambas partes han pactado el pago íntegro a los acreedores restantes, lo que permitirá levantar el procedimiento concursal.
Con ello, Arriaga Asociados saldrá del concurso y refleja la "confianza de ambas partes en la labor del despacho. De hecho, destaca que facturó más de 26 millones de euros en el último ejercicio y prevé un incremento del 25% en 2025.
MOTIVOS DETRÁS DEL CONCURSO
El bufete explica que la declaración del concurso de acreedores respondió, principalmente, a la paralización de la actividad judicial durante la pandemia de Covid-19 y a la falta de recursos humanos y materiales en los juzgados, lo que provocó una "sobrecarga insostenible" para los profesionales del sector. A esta situación se sumaron las huelgas de funcionarios de justicia, que "agravaron aún más el colapso".
Este escenario no afecta únicamente a Arriaga Asociados, sino que también ha impactado a "cientos de despachos", generando una demora generalizada en los procedimientos judiciales.
"Asimismo, el bloqueo de la cuenta de consignación judicial impidió el acceso a los fondos depositados por las entidades bancarias tras las sentencias favorables, tanto a los clientes como al propio despacho. Este último opera bajo un modelo de honorarios a éxito, en el que la retribución --basada en costas e intereses-- depende directamente de esos fondos", explica en el comunicado.
REFUERZO DE LOS JUZGADOS
En este contexto, el despacho ha valorado "muy positivamente" la implementación de nuevas medidas y el refuerzo del personal judicial en el Juzgado 101 bis de Madrid, especializado en casos de cláusulas abusivas hipotecarias, con el objetivo de agilizar los pagos a los consumidores.
Pero el bufete insiste en la necesidad de "seguir reforzando" los recursos disponibles: "La demora en la obtención de una sentencia supone una vulneración del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva", agrega.
"El nivel de retrasos acumulados de hasta seis años está generando situaciones completamente insostenibles. En muchos casos, los clientes, al no recibir novedades debido a la parálisis de sus expedientes, tienden a culpar injustamente a los despachos. Sin embargo, esta falta de información no se debe a una ausencia de compromiso, sino a una situación estructural que escapa al control de los propios despachos de abogados", defiende Arriaga Asociados.
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