La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI) han mostrado este lunes su respeto por la presunción de inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque creen que debería presentar su dimisión para preservar la imagen del Ministerio Público después de haber sido procesado por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
En declaraciones a Europa Press, la presidente de la APM --la mayoritaria en la carrera judicial--, María Jesús del Barco, ha mostrado su "respeto pleno" a la presunción de inocencia de García Ortiz en tanto que el procedimiento penal "sigue su curso". Con todo, y "por el bien de la institución", cree que debería dar un paso al lado.
Por su parte, el presidente de FJI, Fernando Portillo, ha señalado a esta agencia de noticias que "lo suyo sería que dimitiese", puesto que con el procesamiento "se suman más razonamientos" a los que pesaban anteriormente en su contra. "Lo hemos dicho en varias ocasiones. No debería estar compatibilizando la jefatura de los fiscales y a la vez estar investigado y gozar de derechos que implican poder poner en duda la labor de los jueces", ha añadido.
"Este procesamiento", ha apuntado, "sería el momento para que se replanteara seguir" en el cargo. Desde su punto de vista, su continuidad en el cargo "igual no es lo mejor de cara a la institución". "Hasta que no se juzgue y valore sigue gozando de presunción de inocencia, pero lo suyo sería que dimitiese", ha apostillado.
SOBRE EL "DAÑO INSTITUCIONAL"
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha explicado que ellos siempre han sostenido que la dimisión de García Ortiz "es una reflexión que corresponde al propio fiscal general". "Él debe analizar y ponderar cuidadosamente el impacto institucional y su legítimo derecho a la defensa en la toma de tal decisión", ha asegurado.
En este sentido, Oliva ha indicado que su asociación "reafirma el respeto a la presunción de inocencia del fiscal general del Estado". "Sin embargo, la situación crítica de la institución radica en que quien durante los próximos días puede ser acusado es el propio fiscal general, superior jerárquico del fiscal que participará necesariamente en el proceso", ha añadido.
Esto, ha apuntado, "puede generar una percepción de que el principio de imparcialidad, base de la carrera fiscal, podría verse comprometido por intereses directos o indirectos relacionados con el resultado del procedimiento". "Por ello, es imprescindible ponderar cuidadosamente el daño institucional que esta circunstancia provoca frente al derecho legítimo a la defensa, garantizando siempre la independencia y el prestigio del Ministerio Público", ha zanjado.
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