El Supremo cita a 'Alvise' el 19 de junio para que declare en la causa por el acoso en redes a una fiscal

El Tribunal Supremo investiga a Luis 'Alvise' Pérez por acoso a la fiscal Susana Gisbert, mientras enfrenta otros casos por difusión de información falsa y posible financiación ilegal de partidos

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El Tribunal Supremo (TS) ha citado al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para que declare voluntariamente a las 10.00 horas del próximo 19 de junio por la causa abierta en su contra por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert.

Así consta en una providencia, recogida por Europa Press, donde el instructor de este caso, el magistrado Juan Ramón Berdugo, fija día y hora para esta declaración voluntaria, que le ofreció el pasado 19 de mayo, cuando inició los trámites para pedir permiso a la Eurocámara para poder avanzar en las pesquisas contra el eurodiputado.

En esta causa, una de las tres que tiene abiertas en el TS, se investigan un presunto delito de acoso o de 'stalking', así como de provocación a delito de atentado contra la autoridad o funcionario público y/u odio a través de redes sociales.

El Supremo actuó al considerar que 'Alvise' pudo haber actuado con "intención voluntaria y consciente de comprometer" la vida de Gisbert, por unos mensajes difundidos en su canal de Telegram contra ella en 2024 y que provocaron que otras personas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales.

En uno de los mensajes difundidos en Telegram se hacía referencia al organigrama de "las personas responsables de la persecución ideológica llamada 'delitos de odio'". "Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN", manifestaba.

En el mensaje se instaba a buscar las identidades de dichos fiscales y añadía la imagen de Gisbert, a quien señalaba como la responsable de "haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra 'inmigración' e 'invasión' juntas".

"INTENCIÓN CONSCIENTE" DE COMPROMETER A LA FISCAL

Para el Supremo, "su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión" hacia Gisbert y el hecho de que 'Alvise' "insistiera en esa reacción después de que muchos seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal y su familia", "muestra indiciariamente que pudo existir intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima".

Asimismo, el tribunal tuvo en consideración que 'Alvise' --además de difundir dos mensajes-- permitió "que se difundieran los perfiles que la denunciante tenía en X, Facebook e Instagram", donde estaba recibiendo "insultos y amenazas". Según explicó, aunque de lo ahora investigado no se refleja que el eurodiputado "cursara directamente coacciones, amenazas o injurias" contra Gisbert, "ello no excluye una eventual responsabilidad criminal por los hechos que son objeto de investigación.

Sobre este extremo, el Supremo indicó que los funcionarios policiales que iniciaron la investigación no pudieron identificar a quienes realizaron comentarios en el canal de Telegram 'Alvise Pérez Chat', pero sí pudieron identificar al administrador del canal: el propio eurodiputado.

ANTES, CITADO POR LA PCR FALSA DE ILLA

Esta citación se produce en vísperas de otra, la que le hizo el TS para que el 6 de junio compareciera también voluntariamente por la causa que se le abrió por haber difundido una PCR falsa del que fuera ministro de Sanidad y ahora presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Sobre este último asunto, la defensa del eurodiputado respondió por escrito que estaba dispuesto a comparecer ante el alto tribunal. Fuentes de la defensa consultadas por Europa Press aseguran que este viernes acudirá al Supremo.

Cabe recordar que el Supremo abrió otra causa contra 'Alvise' por presunta financiación ilegal de partidos políticos y delitos electorales, entre otros, por los 100.000 euros que el empresario imputado en la Audiencia Nacional (AN) Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain', afirma que le dio para SALF de cara a los comicios europeos de 2024.

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