El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tomará declaración como testigo este martes a Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- que envió un correo electrónico ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto con la Fiscalía.
El instructor de la causa, Ángel Hurtado, escuchará a Neira a las 9.00 horas y a petición de la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, investigado por un presunto delito de revelación de secretos que habría cometido contra el novio de Díaz Ayuso.
Los servicios jurídicos del Estado pidieron su comparecencia el pasado 20 de mayo, tres días antes de que declarase el propio González Amador en calidad de querellante, al considerar que su testifical puede ser determinante para archivar la causa.
La Abogacía pretende que Neira aclare si el 12 de marzo de 2024 --un día antes de que se produjera la denunciada filtración-- recibió comunicaciones de periodistas de 'El País' en las que se solicitaba que confirmara si González Amador tenía voluntad de reconocer la comisión de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública.
Según el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la defensa busca a su vez que Neira explique si el 'email' que envió el 2 de febrero de 2024 al fiscal Julián Salto --que investigaba a González Amador por dos delitos fiscales-- fue enviado primero a un "buzón genérico" de la Fiscalía de Delitos Económicos y luego a la Abogacía del Estado.
También pretende conocer si Neira, tras recibir respuesta de Salto, "procedió o no a reenviarlo" a su cliente y "si autorizó o consintió que dicho correo fuera posteriormente remitido" por Miguel Ángel Rodríguez --jefe de gabinete de Díaz Ayuso-- a "distintos medios de comunicación".
GONZÁLEZ AMADOR SE DESMARCÓ DEL CORREO DE NEIRA
La declaración del letrado tendrá lugar después de que el pasado viernes González Amador se pronunciase en el Supremo sobre el correo del 2 de febrero de 2024, en el que Neira aseguraba que él se ofrecía a reconocer los dos delitos fiscales que se le atribuían a cambio de un pacto con la Fiscalía; y sobre el del 12 de marzo de ese mismo año, en el que el fiscal Salto contestaba a su abogado que no había "obstáculo" para "llegar a un acuerdo".
El novio de Díaz Ayuso aseguró que Neira redactó y envió el 'email' del 2 de febrero sin su consentimiento. Según precisó, no fue hasta el 14 de marzo cuando se enteró por la 'Cadena SER' de aquel correo.
González Amador relató al juez que una vez que tuvo conocimiento de ello habló con Neira y éste le explicó que había redactado ese 'email' porque consideraba que era la mejor estrategia para su defensa. Según apuntó, finalmente apoyó la decisión de su letrado y hoy por hoy sigue teniendo su confianza.
El novio de Díaz Ayuso también se desmarcó del correo electrónico del 12 de marzo, aquel en el que el fiscal Salto responde a Neira y cuyo contenido posteriormente reenvió al jefe de gabinete de su pareja, Miguel Ángel Rodríguez, quien lo difundió a un grupo de periodistas.
En su declaración, explicó que envió una captura del whatsapp en el que Neira le decía que su investigación fiscal iba encaminada a solucionarse, así como un pantallazo del mencionado correo. Según apuntó, Rodríguez le preguntó si podía usar dicha información y él le contestó: "Haz lo que consideres".
Sin embargo, Rodríguez aseguró en su declaración como testigo ante el Supremo que González Amador sí le había autorizado a difundir el contenido del 'email' del 12 de marzo a un listado de periodistas.
CUATRO PERIODISTAS, CITADOS EL 30 DE MAYO
Tras la testifical de Neira, está previsto que el magistrado tome declaración como testigos a cuatro periodistas de 'El País' el viernes 30 de mayo, a las 10.00 horas. Hurtado también ha accedido a celebrar estos interrogatorios a petición de la Abogacía del Estado que defiende al fiscal general.
Los servicios jurídicos aportaron un acta notarial que "recoge y autentifica el contenido de los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos intercambiados por" los periodistas de 'El País' con el abogado Carlos Neira en relación con una noticia que publicó dicho medio el pasado 20 de enero bajo el título "Las pruebas de un 'secreto' difundido al menos 31 horas antes de que lo reclamara el fiscal general".
La defensa incidió en que dicha documentación era "especialmente relevante para acreditar que la información relativa a la voluntad de reconocimiento de los presuntos delitos fiscales" por parte de González Amador y su abogado "era ya conocida por diversos profesionales de la información con anterioridad a cualquier intervención o conocimiento por parte" del fiscal general del Estado.
Cabe recordar que la Abogacía ya había pedido la declaración de varios periodistas y que el magistrado denegó dicha diligencia. De hecho, la Sala de Apelación del alto tribunal luego avaló la decisión de Hurtado al considerar que los periodistas se limitaron a cumplir con "su misión informativa". "Están protegidos por el derecho constitucional a no revelar sus fuentes, nada pueden aportar por el momento", dijo.
No obstante, la defensa del fiscal general insistió en pedir que se les citase por "la aparición de nuevos elementos de convicción" --es decir, el acta notarial-- que no estaban "disponibles" la primera vez que pidió que se les llamara a declarar. Esta vez, el magistrado ha accedido al considerar que "no se le ha de privar" a la Abogacía de que ejerza el derecho a la defensa con la declaración que solicita.
Hurtado, además, reconoce que "los mensajes que se recogen en el acta" notarial de los periodistas "parecen estar en la idea de buscar una comunicación con el Sr. Neira (...)".
RECTA FINAL
Se espera que estas sean una de las últimas pesquisas que se celebren en la causa que comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La investigación se centró en un principio en la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para dar detallada cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y Salto.
Cuando el caso saltó al Supremo el pasado octubre, el alto tribunal abrió causa contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, pero descartó la entidad delictiva de dicha nota de prensa.
No obstante, en los meses transcurridos desde que el TS encausara a García Ortiz, los hechos investigados se han ido ampliando hasta abarcar otra vez el citado comunicado y las presuntas filtraciones de las propias pesquisas contra González Amador y del correo electrónico que su defensa envió a Salto el 2 de febrero de 2024 ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar.
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