Burgos, 13 may (EFE).- Las exmonjas del Monasterio de Belorado, que hace un año hicieron pública su decisión de abandonar la Iglesia católica, están pendientes de hasta ocho procesos judiciales, en juzgados de Burgos, País Vasco y Madrid, entre demandas de desahucios, denuncias de coacciones y administración desleal, investigaciones por estafa indebida y contenciosos contra ministerios.
Desde que el 13 de mayo de 2024 las exclarisas dieran a conocer su manifiesto católico, que habían firmado el día 8, han cruzado acusaciones con el Arzobispado de Burgos, que se sustancian en una única cuestión: quién ostenta la representación legal de la comunidad religiosa y quién es el legítimo propietario del monasterio.
El Arzobispado defiende que, tras la excomunión de las diez cismáticas, la comunidad religiosa de Santa Clara de Belorado, junto con la de Derio, la conforman las cinco mayores no excomulgadas, dueñas del patrimonio asociado a la entidad religiosa, cuya representación legal ostenta el arzobispo, Mario Iceta, nombrado comisario pontificio por la Santa Sede a finales de mayo.
Sin embargo, las exmonjas apelan al derecho fundamental de libertad religiosa para justificar la validez de la decisión tomada en el seno del convento -afirman- de transformar las entidades religiosas en asociaciones civiles, con plenos poderes sobre todo su patrimonio, rechazada por los Ministerios del Interior y Justicia.
La excomunión de las diez clarisas, el 22 de mayo de 2024, las ha convertido en 'okupas' del Monasterio de Belorado a ojos del Arzobispado, que presentó un demanda de desahucio el pasado septiembre en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos), y que está pendiente de juicio.
La vista oral se iba a celebrar este 13 de mayo, pero los abogados de las exmonjas han recusado a la jueza, al cuestionar su imparcialidad como instructora de otras causas en las que están implicadas, por lo que el juicio se ha suspendido a la espera de la decisión de la Audiencia Provincial sobre la recusación.
Sin embargo, este no es el único desahucio solicitado. El Arzobispado ha cursado la misma demanda en el Juzgado de Primera Instancia 11 de Bilbao, en este caso por el monasterio de Derio, admitida a trámite en diciembre pero sin avances, dado que las dependencias tanto de Derio como de Orduña no están habitadas.
En el Juzgado de Briviesca se encuentra también la demanda presentada contra el nombramiento de Iceta como comisario pontificio, pues las exmonjas defienden la validez de la transformación de las entidades religiosas en asociaciones civiles, dentro del derecho fundamental de libertad religiosa.
Los Ministerios del Interior y Justicia no lo ven así y han rechazado la inscripción de las asociaciones civiles de Belorado y Derio en el Registro Nacional de Asociaciones, aunque han anotado la designación de Iceta como representante legal, lo que ha llevado a las exmonjas a plantear sendos contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En esta maraña judicial se incluye también la denuncia presentada por cuatro de las exreligiosas contra Mario Iceta por coacciones, administración desleal y revelación de secretos, por la que declararon unas y otro el pasado 7 de mayo en Briviesca, en trámite de diligencias previas.
Y la investigación abierta, también en el juzgado de Briviesca, por estafa indebida contra tres exmonjas, entre ellas las exabadesa -que ya han ido a declarar- en relación con la venta de 1,73 kilos de oro el pasado enero, en nombre de la comunidad religiosa de Belorado, y por la que se obtuvieron 130.000 euros.
A todo esto se suma la demanda interpuesta por las Clarisas de Vitoria por incumplimiento del contrato de compraventa del monasterio de Orduña, por el que las de Belorado se comprometieron a pagar 1,2 millones en 2022 y 2023, pagos que nunca llegaron ya que la Santa Sede bloqueó la venta del monasterio de Derio, con la que pretendían conseguir el dinero. EFE
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