Madrid, 3 abr (EFE).- El Gobierno ha puesto el foco en mejorar la actividad investigadora de las universidades privadas, donde solo el 36,5 % del personal docente realiza actividades de investigación, por lo que una gran mayoría de centros, sobre todo los de más reciente creación, deberán destinar más recursos a esta tarea.
"Es una finalidad esencial de la Universidad", recalca el borrador del decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios que señala como "requisito indispensable" destinar al menos un 5 % de su presupuesto total a programas de incentivación de la investigación.
Y captar, en convocatorias, programas y contratos de investigación (I+D+I) como mínimo el equivalente al 2 % de su presupuesto total anual en el plazo de cinco años desde el inicio de su actividad.
Las universidades privadas ya en marcha tienen un margen de 3 años para poder alcanzar este compromiso y las que se creen a partir de la entrada en vigor de la nueva ley deberán cumplirlo en cinco años con una prórroga de otros dos, de no ser así "será motivo de revocación de la autorización de actividad de la universidad".
En el curso 2022-2023, en las universidades públicas el porcentaje de docentes investigadores con actividad investigadora era del 56,7 %, cifra que desciende al 36,5 % en las universidades privadas, según los datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
El personal docente investigador en la universidad pública triplica al de la privada, casi 112.000 frente a unos 25.500.
Y mientras en la universidad pública el personal docente investigador ha aumentado en la última década en unos 10.700 en la privada lo ha hecho en 8.300 efectivos.
Por otra parte del total del personal investigador en las universidades públicas, 62.813 es personal funcionario y 22.611 contratado.
Al requisito de fomentar la investigación se suma el de que el 50 % de la plantilla de profesorado universitario sea doctor o doctora en las enseñanzas de grado y máster.
Los últimos datos del Ministerio reflejan que el 74,1 % del personal docente de las públicas son doctores frente a un 59,4 % de la privada.
En centros propios de universidades públicas el profesor asociado representa al 25,2 % del total del profesorado y el profesor titular de universidad el 25 %.
Además el borrador del decreto que ahora recibirá enmiendas y alegaciones de la Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas (CRUE), sindicatos de la enseñanza universitaria o entidades afectadas también limita el porcentaje de personal docente e investigador con contrato temporal.
De esta forma el profesorado con contrato laboral temporal (asociados, visitantes, colaboradores, entre otras figuras) no podrá superar el 8 % en efectivos de la plantilla, aunque no se computará como tal el profesorado asociado de Ciencias de la Salud y el profesorado ayudante doctor.
Y el número total de miembros del personal docente e investigador en una universidad no será inferior al que resulte de aplicar la relación 1/25 respecto al número total de estudiantes matriculados en enseñanzas universitarias de carácter oficial.
Otra puntualización es que el profesorado de las universidades privadas no podrá ser personal funcionario de un cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública, así como tampoco personal docente e investigador laboral a tiempo completo en la misma situación.EFE
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