
La Fiscalía de Menores de Cantabria ha abierto diligencias de investigación contra los cuatro alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Leonardo Torres Quevedo de Santander denunciados por la agresión a un compañero con parálisis cerebral.
Fuentes del ministerio público han confirmado a Europa Press la apertura de las citadas pesquisas, orientadas a esclarecer lo sucedido y adoptar las medidas que correspondan.
Los hechos, que trascendieron este pasado miércoles, ocurrieron hace dos semanas, cuando los implicados increparon a la víctima, en silla de ruedas. La Consejería de Educación del Gobierno regional activó el protocolo de acoso escolar y el centro abrió el procedimiento disciplinario ordinario a los responsables de la agresión, que conlleva medidas cautelares y la expulsión del IES durante cinco días, el plazo máximo que marca la ley, y que ya se ha cumplido.
Pero al iniciarse el procedimiento por la vía penal, incoado por la familia, dicho expediente se ha parado.
Entre las medidas preventivas del protocolo de acoso adoptadas se encuentran el acompañamiento del alumno a lo largo del día, dentro del marco de protección y seguridad: la supervisión del clima del aula evitando el contacto entre víctima y agresor; la colaboración familiar para informar sobre el estado emocional del alumno y los posibles incidentes y el apoyo individualizado para trabajar autoestima, bienestar emocional o relaciones interpersonales.
Además, desde el departamento que dirige Sergio Silva investigarán si hubo acoso anterior a este alumno del Torres Quevedo, que estará "en supervisión permanente".
REACCIONES
El AMPA del Torres Quevedo ha condenado la agresión al alumno y llama "a la calma y a la responsabilidad". Estudiantes del centro piden la "expulsión definitiva" de los agresores y llaman a organizarse para acciones de protesta mientras tanto.
La Asociación Tolerancia 0 al Bullying ha ofrecido apoyo psicológico y jurídico a la familia ante un caso "muy serio", para el que pide una "sanción ejemplarizante".
Y desde ASPACE, tanto desde la entidad nacional como a nivel regional, han trasladado igualmente su ayuda a la víctima y su familia. Ven "intolerable" cualquier violencia o discriminación a personas con discapacidad y piden trabajar por entornos educativos "seguros, respetuosos e inclusivos".
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