Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 13 de Madrid ha dado la razón a un taxista madrileño frente al Ayuntamiento y ha acordado suspender cautelarmente la sanción que le obligaba a dejar de trabajar durante tres meses. La decisión judicial permite de esta manera al conductor seguir utilizando su licencia mientras se resuelve el procedimiento principal.

El origen del conflicto radica en la multa que recibió el transportista por unos hechos que se produjeron en las inmediaciones de la estación de Chamartín, donde el Ayuntamiento acusó al taxista de recoger pasajeros fuera de una parada oficial. La sanción incluía dos castigos: el pago de 903 euros y la pérdida del permiso de transporte durante tres meses.

Sin embargo, el conductor sostiene que el servicio estaba precontratado telefónicamente, algo permitido por la normativa del sector, por lo que, ante esta situación, el taxista, defendido por Servilegal Abogados, despacho dirigido por el letrado Ignacio Palomar Ruiz, pidió al tribunal suspender de inmediato la ejecución de la sanción.

El argumento principal fue el perjuicio económico, señalando que el cumplimiento inmediato de la suspensión lo dejaba en una situación de inestabilidad difícil de revertir, especialmente porque depende de dicha actividad para su sostén. Desde el Ayuntamiento de Madrid se opusieron a esta petición y defendieron la necesidad de ejecutar la sanción tal como la impuso la administración pública.

El daño económico al taxista

La magistrada Lucía Díaz García, que firma el auto, explica que estas medidas cautelares se activan cuando existe riesgo de que la espera hasta la resolución definitiva deje al proceso “sin sentido” para quien reclama. En palabras del documento judicial, el objetivo de la cautelar es “asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil”.

Para ello, la jueza ha tenido que repasar los cinco criterios que se utilizaron para imponer esta medida: riesgo de daño difícil de reparar; no prejuzgar el fondo; riesgo en la demora (periculum in mora); interés público vs. daño particular; y la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). Según su conclusión, el Tribunal Supremo sostiene que no todo daño económico se considera irreparable, salvo que la persona demuestre que no podría recuperarse económicamente si más tarde gana el juicio.

La jueza ha acabado resolviendo que, en este caso particular, se debía suspender la sanción porque el transportista podría enfrentar un daño económico grave si cumplía la suspensión mientras el juicio seguía abierto. También ha valorado que la demora de la sanción no afecta de forma relevante al interés público.

En la resolución, la jueza cita jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo, que afirman que cuando la urgencia pública es baja, la mínima posibilidad de un daño particular puede justificar la suspensión.

Estos conflictos “son cada vez más frecuentes”

El letrado Ignacio Palomar ha celebrado la decisión de la jueza y ha asegurado que “este fallo devuelve la tranquilidad a un trabajador que estaba a punto de perder su sustento. La justicia ha entendido que no se puede dejar sin ingresos a una familia antes de que se determine si la sanción es realmente legal”.

“Demostramos que ejecutar una sanción de este tipo antes de que se revise judicialmente puede causar un daño irreparable. El tribunal ha aplicado correctamente el principio de protección frente a perjuicios económicos graves”, añade.

Desde el despacho señalan que este tipo de conflictos entre taxistas y administraciones públicas “son cada vez más frecuentes, especialmente en relación con las zonas de recogida de pasajeros y los servicios precontratados”. “El procedimiento judicial continuará ahora hasta que se dicte la sentencia definitiva que determine si la sanción impuesta por el Ayuntamiento es válida o debe anularse, aunque de momento la balanza se decanta del lado del taxista, que ya suma una primera victoria frente al Ayuntamiento de Madrid”, concluyen.