Madrid, 16 mar (EFE).- El juez Santiago Pedraz interroga el martes como testigos a tres ex altos cargos del gobierno venezolano de Hugo Chávez -el exministro de Finanzas Rafael Eduardo Isea y los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado- en la causa abierta por presuntas investigaciones a Podemos ajenas al control judicial.
Para practicar esta diligencia, el magistrado de la Audiencia Nacional remitió una comisión rogatoria a Venezuela en relación a estos interrogatorios, que acordó realizar a través de por videoconferencia.
El motivo de querer interrogar a estos ex altos cargos chavistas, algunos residentes actualmente en España, se debe a que en alguna ocasión han manifestado haber sufrido presiones para declarar en contra de Podemos a cambio de beneficios en las causas que les fueron abiertas en nuestro país.
Ese es el caso de Nervis Vilallobos, ministro de Energía entre 2001 y 2006, quien el pasado noviembre, en la comisión de investigación por la llamada operación Cataluña, denunció que estuvo trece meses en prisión tras negarse a hablar con policías, jueces y fiscales en contra de Podemos, la familia Pujol, la banca andorrana o la empresa Duro Felguera.
Del mismo modo se pronunció en 2022 Alvarado Ochoa, exviceministro de Electricidad y Desarrollo, que en sede judicial dijo haber sido víctima de una trama de extorsión en España integrada por policías, y que llegó a reunirse el ex número dos de la Policía Eugenio Pino, quien le pidió datos sobre Podemos.
Por su parte, el exministro de Finanzas Rafael Isea denunció en 2019 en declaraciones a medios de comunicación haber sido presionado por policías españoles para que declarara en contra de Podemos y avalara que recibió financiación del Gobierno de Venezuela.
Entre los ex altos cargos de Interior de la época del Gobierno del PP investigados en esta causa figura el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, quienes ya declararon como imputados y rechazaron haber impulsado este tipo de investigaciones para después filtrarlas a los medios y desprestigiar al partido.
Ese sería el caso del denominado Informe Pisa (Pablo Iglesias, Sociedad Anónima), relativo a la presunta captación de fondos procedentes de Venezuela e Irán para la financiación del partido y que fue elaborado en 2016, pero que al carecer de firma y de sello fue rechazado en los tribunales como prueba de una supuesta financiación ilegal de la formación morada.
El exdirector de la Policía y exsenador del PP Ignacio Cosidó testificó en la causa y aseguró que no llegó a conocer el contenido de dicho informe, y explicó que sólo supo de él cuando la UDEF lo había remitido ya al Tribunal de Cuentas y se había publicado en los medios.
Dijo además no recordar los viajes que habrían realizado cargos policiales a distintos países de América, como Venezuela, que él debía autorizar y que, según la querella de Podemos que ha dado lugar a esta causa, perseguían "obtener información perjudicial" para el partido y sus dirigentes. EFE
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